Agentes ministeriales adscritos a la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo catearon dos inmuebles en las zonas sur y poniente de Monterrey, donde aseguraron diversas cantidades de drogas y detuvieron a una persona.
Dichas inspecciones se desprendieron de la integración de algunas carpetas de investigación, sin que se confirme aún si ambas están relacionadas.
Una de las incursiones de la autoridad ministerial fue en un domicilio de la colonia Buenos Aires, donde trascendió el aseguramiento de bolsas con mariguana y la captura de un sospechoso.
Este operativo tuvo lugar en el número 30 de la calle Hornos Altos, entre Aceración y Herreros, en el sur de la ciudad, donde los agentes ministeriales se apoyaron con binomios caninos.
- Policía
El otro cateo se desarrolló de manera simultánea en una bodega ubicada en la avenida Seguridad Social, hacia el sur de Ruiz Cortines, en la colonia Valle de Infonavit.
Dicho sitio del poniente de Monterrey también fue sitiado con el apoyo de la Fuerza Civil, aunque supuestamente no hubo detenidos, aunque sí el aseguramiento de narcótico.
Se espera que en el transcurso de las próximas horas la Fiscalía del Estado dé a conocer los pormenores y los resultados de los dos operativos efectuados al mediodía del martes.
¿Qué implica un cateo?
Un cateo es una diligencia judicial que implica la inspección o registro de un lugar, generalmente un domicilio, con el objetivo de localizar y asegurar evidencias relacionadas con un delito. Esta acción está regulada por la ley y solo puede llevarse a cabo bajo ciertas condiciones específicas. A continuación, te explico qué implica un cateo y cómo se lleva a cabo:
Orden judicial
Para que un cateo sea legal, debe existir una orden de cateo emitida por un juez. Esta orden se otorga cuando hay motivos fundados para creer que en el lugar a inspeccionar se pueden encontrar pruebas de un delito, personas involucradas, armas, drogas u otros elementos ilícitos.
La orden debe especificar:
El lugar exacto que se va a catear.
El motivo del cateo.
Los objetos, documentos o personas que se buscan.
Participación de las autoridades
El cateo es realizado por autoridades competentes, que pueden ser la policía, fiscales o personal de investigación criminal, siempre bajo la supervisión de un juez o ministerio público.
Durante el cateo, se debe respetar el debido proceso y los derechos de las personas involucradas, asegurando que la inspección no sea arbitraria o abusiva.
Notificación a los propietarios o residentes
Antes de llevar a cabo el cateo, las autoridades deben notificar a las personas presentes en el lugar (propietarios o residentes) sobre la existencia de la orden judicial.
Los dueños o responsables del lugar tienen derecho a estar presentes durante la diligencia, pero no pueden oponerse al cateo una vez que la orden ha sido emitida.
Protección de derechos
Durante el cateo, las autoridades deben respetar los derechos humanos de las personas en el lugar, como el derecho a la privacidad, la integridad personal y el debido proceso.
Las autoridades deben actuar de manera proporcional y solo en relación con lo estipulado en la orden de cateo. Cualquier actuación fuera de los límites de la orden puede ser ilegal.
Registro de lo encontrado
Durante el cateo, se deben documentar los objetos o personas encontradas que estén relacionados con el delito investigado.
Se elabora un acta detallada donde se registra todo lo incautado o asegurado, que luego se presenta ante la autoridad judicial como parte de las pruebas en el proceso penal.
Confiscación de pruebas
Si durante el cateo se encuentran pruebas relacionadas con el delito, como drogas, armas, documentos o bienes ilícitos, estos pueden ser confiscados para su posterior análisis y uso en el juicio.
También se puede proceder a la detención de personas si se encuentran individuos en situación de flagrancia o con relación directa al delito investigado.
Consecuencias del cateo
El cateo puede conducir a la obtención de pruebas clave en la investigación de un delito, lo que a su vez puede resultar en detenciones o en la formalización de acusaciones penales.
Las pruebas obtenidas durante un cateo deben ser legales y válidas, de lo contrario, podrían ser impugnadas y no admitidas en juicio.