En un golpe contra los delitos que afectan la integridad de las instituciones de salud pública, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria contra dos mujeres en el estado de Durango.
Tras un proceso de investigación detallado, un Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio dictó penas de prisión y sanciones económicas para las involucradas, quienes fueron halladas responsables de falsificar documentos oficiales para beneficio personal.
El esquema del fraude
Las investigaciones ministeriales revelaron una operación coordinada entre las sentenciadas, identificadas como Claudia y Nhilda.
De acuerdo con el expediente, Claudia se encargaba de confeccionar y falsificar las recetas médicas, utilizando de manera ilícita sellos e información que no contaba con el aval del personal sanitario autorizado. Estas recetas eran emitidas en favor de Nhilda, quien posteriormente hacía uso de los documentos.
Esta conducta no solo representó una falta administrativa, sino que se tipificó como un delito contra la fe pública. El uso de estos documentos apócrifos generó un perjuicio patrimonial directo en contra de una institución de seguridad social, afectando los recursos destinados a la atención legítima de los derechohabientes.
Sentencias diferenciadas
El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, un mecanismo legal que permite agilizar la sentencia cuando existen pruebas contundentes y el imputado reconoce su participación. Bajo este esquema, las penas quedaron de la siguiente manera:
Claudia: Considerada la autora de la falsificación, recibió una condena de cuatro años de prisión y una multa económica de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Nhilda: Por su responsabilidad en el uso de documento público falso, fue sentenciada a tres años, dos meses y 12 días de cárcel, además de una multa de 160 UMAS.
El Agente del Ministerio Público de la Federación fue el encargado de presentar el arsenal probatorio ante el Centro de Justicia Penal Federal. Las pruebas fueron lo suficientemente sólidas para que el juzgador determinara que el daño al erario y la vulneración de los controles institucionales ameritaban la privación de la libertad.
Este fallo sienta un precedente en la entidad sobre la vigilancia estricta que mantienen las autoridades sobre los insumos y documentos de los servicios de salud, advirtiendo que la alteración de recetas médicas conlleva repercusiones penales severas.