Operaba con custodios insuficientes y fallas de seguridad el penal de El Castillo previo a riña mortal

La falta de custodios, la escasa capacitación del personal y la presencia de actividades ilícitas comprometían la seguridad del penal de El Castillo, en Mazatlán.

Donde también eran insuficientes los programas para prevenir y atender hechos violentos, antes de los enfrentamientos que dejaron 11 presos y una persona de visita muertos.

Estas deficiencias quedaron asentadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentado el miércoles 7 de octubre, un día antes de los hechos, en el que la cárcel obtuvo una calificación reprobatoria de 5.25 sobre 10.

Durante la supervisión, el organismo encontró problemas para separar a hombres y mujeres, así como a procesados y sentenciados, además de una clasificación inadecuada de los internos, fallas que se sumaban a las carencias de personal encargado de mantener la seguridad.

Fallas de control interno y custodios insuficientes en el penal de El Castillo

El control del establecimiento también presentaba deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias y en los reglamentos, manuales y lineamientos que deben regir su funcionamiento, incluida su difusión y actualización.

A estas condiciones se agregaron mecanismos insuficientes para recibir quejas de posibles violaciones a derechos humanos y fallas para prevenirlas y atenderlas cuando eran detectadas, lo que limitaba las vías de protección de las personas encarceladas.

Evaluación CNDH: Deficiencias en higiene, salud y derechos humanos en Mazatlán

La evaluación también identificó deficiencias en los servicios de salud y la alimentación, junto con malas condiciones materiales e higiene en los espacios de alojamiento y carencias en las instalaciones de cocina, comedores, atención médica y comunicación con el exterior.

Sin embargo, la capacidad del penal no figuró entre los problemas señalados por la CNDH, pues durante la evaluación alojaba a mil 289 personas, de las cuales mil 247 eran hombres y 42 mujeres, frente a una capacidad para mil 841 internos.

El organismo reconoció como adecuada la relación entre población y espacios disponibles, mientras que en la ficha de El Castillo tampoco señaló condiciones de autogobierno o cogobierno, un problema que sí identificó en el penal de Goros II, también en Sinaloa.

En materia de reinserción, la CNDH encontró expedientes técnico-jurídicos deficientes y problemas en la organización y registro de las actividades de los presos, además de insuficiencia de actividades deportivas.

La atención a mujeres y menores que viven con ellas también presentó deficiencias, en un centro donde el diagnóstico registró a cinco madres con cinco hijos, mientras que la población LGBTQ+ enfrentaba carencias en la atención de sus necesidades.

Entre los aspectos evaluados favorablemente estuvieron las actividades laborales y de capacitación, así como los programas para prevenir adicciones y facilitar la desintoxicación voluntaria, aunque estos avances coexistían con las fallas de seguridad y atención documentadas por el organismo.

​LV