Entre diciembre y enero se han realizado diversas detenciones por el robo de cable en el Metro de la CdMx, pero ninguno de los implicados es trabajador del sistema, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
En entrevista, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, señaló que hay células organizadas dedicadas a este delito y que posteriormente la Fiscalía General de Justicia informará sobre la situación jurídica de los detenidos, sin embargo, no precisó el número de personas aprehendidas.
“Nosotros no tenemos registrado al momento que hayan sido por parte de los trabajadores del Metro, los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del Metro, se los informamos de manera más precisa junto con la Fiscalía quiénes son, a quiénes hemos detenido, pero los detenidos que tenemos hasta el momento no han sido parte de la plantilla de trabajadores del Metro.
Recientemente, las autoridades informaron que desde 2019 el robo de cable en el Metro capitalino se duplicó.
“Hay células más organizadas que otras, hemos tenido robos de dos personas y hay otros que tenemos que le vamos a presentar dónde va una persona con toda tranquilidad caminando con unas cizallas para cortar un registro, eso es más organizado y también ya está detenida”, detalló el funcionario.
García Harfuch añadió que junto a la Guardia Nacional se realizan trabajos de prevención y supervisión en el Metro para evitar este ilícito y que las detenciones se han realizado en diferentes alcaldías de la capital.
Avanza propuesta para castigar “sabotaje” en el Metro
En la primera sesión ordinaria de este 2023, el diputado de Morena, Nazario Norberto, presentó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica para sancionar de manera severa los "sabotajes" en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Explicó que, con relación a la Ley penal, se adiciona una fracción III y se reforma el tercer párrafo del artículo 331 para sancionar a la persona que altere, interrumpa, obstaculice, dificulte, o destruya dolosamente el equipamiento urbano del transporte público colectivo, donde se propone imponer de uno a cuatro años de prisión y de 100 a cinco mil días multa, es decir, hasta 518 mil 700 pesos.
Además, añadió una agravante para aumentar la pena principal en dos tercios, cuando estas acciones sean cometidas por algún servidor pública.
Indicó que se incluyó una agravante al artículo 332 de los delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos, que actualmente menciona dos supuestos sancionados de seis meses a 2 años de prisión o de 25 a 100 días multa, (10 mil 374 pesos) para quien:
“Altere o destruya las señales indicadoras de peligro, de forma que no puedan advertirlas los conductores; o derrame sustancias deslizantes o inflamables. De esta manera, la agravante consiste en establecer que, si alguno de los hechos a que se refiere este artículo, se ejecuta por una persona servidora pública, la pena se aumentará en dos tercios, de tal suerte que la penalidad quedaría de 10 meses a 3 años 4 meses de prisión”.
Quienes realicen estas infracciones serán sancionadas mediante infracciones tipo E, que van de 20 y hasta 36 horas inconmutables de trabajo comunitario, que son complementarias a las sanciones penales a las que pudieran hacerse acreedores, lo anterior se materializa en la reforma al artículo 32 en materia de clasificación de las sanciones.
COMG