El caso de Sebastián, un joven de apenas 18 años, refleja una de las problemáticas más complejas y poco atendidas en México: el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
Su historia, que comenzó con una desaparición tras una supuesta oferta laboral, hoy lo tiene en un centro penitenciario, señalado como presunto integrante de una célula delictiva.
Sebastián fue reportado como desaparecido el 4 de septiembre de 2025 en la nueva central camionera de Tlaquepaque, Jalisco. Había viajado desde Querétaro atraído por una oportunidad de trabajo que resultó ser falsa.
Durante meses, su paradero fue desconocido, mientras su familia iniciaba una intensa búsqueda en un estado ajeno.
Su madre, Beatriz Uscanga, se trasladó desde Veracruz a Jalisco con la esperanza de encontrarlo. En ese proceso, aportó información clave a la Fiscalía, enfrentó obstáculos institucionales y, además, recibió amenazas para abandonar la búsqueda.
Pese a ello, continuó con la exigencia de respuestas hasta que, por motivos de seguridad, se vio obligada a salir del estado.
¿Cuál es la situación actual de Sebastián tras ser localizado?
Meses después, Sebastián fue localizado. Sin embargo, lejos de significar un alivio, su hallazgo marcó el inicio de una nueva etapa para su familia: la de enfrentar un proceso penal en su contra.
Actualmente permanece detenido en un centro penitenciario, acusado de presuntamente formar parte de un grupo criminal. Sin embargo, para su madre, el caso representa una profunda contradicción.
"Él fue víctima, y ¿cómo de víctima pasó ahora a ser un delincuente? El estado me falló cuando no lo buscaron de manera efectiva, cuando había señales de donde había sido su ultima sabana de llamadas tampoco están investigando cómo llegó a esta situación", expresó Beatriz Uscanga, mamá de Sebastián.
Según su testimonio, desde el inicio hubo omisiones por parte de las autoridades, que no activaron mecanismos de búsqueda eficaces pese a que existían indicios claros sobre su posible ubicación.
Además, asegura que no se ha indagado a fondo si Sebastián fue obligado, engañado o amenazado para integrarse a actividades ilícitas.
Este punto es crucial, pues en México el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado no está tipificado como delito.
Este vacío legal impide analizar con claridad si la voluntad de personas como Sebastián estuvo viciada por coerción, lo que podría cambiar el enfoque de su situación jurídica.
“Yo para mi hijo exijo que se investigue el reclutamiento forzado y que su caso se analice a fondo. Si el Estado lo hubiera buscado, esto no estaría pasando”, expresó su madre, quien también demanda el respeto a los derechos humanos y una defensa adecuada para su hijo.
El caso de Sebastián no es aislado. En un país que supera las cien mil personas desaparecidas, múltiples historias similares han comenzado a salir a la luz, evidenciando cómo jóvenes son captados mediante engaños y terminan involucrados en redes criminales.
La falta de un marco legal específico deja a estas personas en una zona gris: son tratadas como imputadas sin que necesariamente se investigue si previamente fueron víctimas de un delito mayor.
Esta situación no solo complica su defensa, sino que también invisibiliza el fenómeno del reclutamiento forzado.
Para Beatriz, la lucha continúa. No solo busca la libertad de su hijo, sino también que su caso siente un precedente para que otras familias no enfrenten el mismo escenario.
AM