En lo que va del 2021, la Procuraduría de Protección Estatal de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, ha recibido 220 denuncias por vulneración a menores, siendo las principales por maltrato y violencia familiar. De este total de casos, en por lo menos en 30 ha intervenido el Cuerpo Especializado de Seguridad de las FSPE, el cual entró en funciones desde marzo del 2021.
“En este año hemos recibido 220 denuncias, de las cuales han intervenido el cuerpo especializado en 30, porque ellos llegaron en marzo”.
“Con la pandemia se incrementó el maltrato hacia los niños; la convivencia fue muy estrecha y hay mucha violencia familiar, porque no son sólo golpes, hay violencia psicológica aparte de la física, y debemos ser muy cuidadosos para proteger la salud emocional de los niños”, explicó María Teresa Palomino, titular de la procuraduría
Se trata de 24 elementos con estudios en Derecho, Psicología, o bien carreras afines, así como con la plena formación y habilidades como Policías Estatales de las FSPE. Además, se encuentran preparados para operar temas del orden jurídico, como el Sistema Procesal Penal y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
“El trabajo principal de este cuerpo es ayudar a la procuraduría en la investigación de posibles vulneraciones de derechos. Es decir, cuando llega una denuncia a la institución nosotros debemos activar con ellos el primer contacto en el domicilio donde se encuentre la posible vulneración de los derechos”, agregó.
Cabe destacar que en no en todos los casos la intervención llevó a la separación de los padres, pues se busca que estos no se vean segregados de su núcleo familiar.
El Protocolo de actuación inicia una vez realizada la denuncia al numero 473-112 20 00. Posteriormente, si se comprueba que hay una vulneración de los derechos, se notifica a la subprocuraduría de medidas de protección, quien acude para llevar a cabo una intervención.
Las intervenciones implican proteger al niño. Si hay una violación grave, en ese momento se retiran los niños para detener las vulneraciones, y después se revisa la situación económica laboral psicológica y jurídica de la familia para, en todo caso, darles herramientas y canalizarlos a instituciones que les ayuden, dictando además un plan de restitución del niño, sin que necesariamente esto implique que se pierda su patria potestad.
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ALOL