El Tribunal Electoral cambió de criterio y determinó que Adrián de la Garza, ex candidato priista a la gubernatura de Nuevo León, cometió coacción del voto con la entrega de tarjetas con las que prometió apoyos económicos a los ciudadanos en caso de ganar la elección; sin embargo, indicó que esto no actualiza ningún delito penal.
Ayer Milenio adelantó que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto el cual se votaría este miércoles en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que proponía una sentencia definitiva para determinar que Adrián de la Garza sí coaccionó el voto e impidió el sufragio libre, luego de que, en dos ocasiones, el Tribunal Electoral de Nuevo León concluyó que no hubo ninguna infracción.
La autoridad local se basó en las sentencias previas de la propia Sala Superior que, en distintas campañas electorales, ha determinado que la entrega de tarjetas que prometen apoyos sociales a futuro, no implicaban ilícitos electorales, mucho menos, si no se acreditaba la creación de un padrón de beneficiarios.
Sin embargo, en Sala Superior detallaron que la permisividad de este tipo de propaganda quedó rebasada, pues cada vez es más recurrente, sofisticada y con obtención de datos personales, tal como lo hizo el ex candidato priista.
El magistrado presidente explicó que a pesar de que, el tribunal local concluyó que al ser tarjetas de cartón, sin un chip ni apoyo económico real, y tampoco detectaron la creación de un padrón de beneficiarios, la solicitud de llenar datos personales para identificar al electorado “establece una acción de contraprestación, provoca una percepción de acercamiento inminente al beneficio ofertado a cambio de su voto, en otras palabras, esto es un equivalente a la compra de voto a futuro.
“Además, por la indicación de la propaganda ‘despréndela y guárdala’, es decir, es el comprobante de recibir un beneficio, que en el futuro se haga efectiva esa contraprestación”, por lo cual sí implica una interferencia a la libertad del electorado.
Rodríguez Mondragón señaló que estas prohibiciones están marcadas en la legislación de Nuevo León y en la general en la materia, y aunque en procesos electorales anteriores se permitieron, es necesario cambiar el criterio.
“Me parece que es necesario cambiar el criterio que se había establecido sobre esta propaganda, a fin de evitar que en próximos procesos electorales, se distribuya propaganda de este tipo, con el fin de incidir en personas con necesidad, con expectativas de una mejora o de ser beneficiarios en apoyo de un beneficio directo, una forma de mercantilizar el voto.
“Este cambio de criterio busca evitar fraudes a la ley a través de la entrega de propaganda indebida y se pueden desincentivar malas prácticas, cuando los servidores usan las necesidades de una parte de la sociedad para recibir un beneficio electoral”.
Entrega de tarjetas atenta contra libertad de sufragio: Otálora
La magistrada Janine Otálora coincidió en que la entrega de tarjetas atenta contra la libertad del sufragio, sobre todo, porque dejan una especie de cupón con el cual la gente se queda con la percepción de que sí recibirá un beneficio a cambio de su voto.
“Me permite advertir que la permisibilidad que se podía advertir en este tipo de propaganda ha llegado a usos cada vez más creativos, pero que terminan generando confusión en el electorado”.
Lo que también respaldaron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes, quienes coincidieron en que antes, “no resultaba contrario a la norma electoral y para acreditar la coacción al voto durante la entrega de esas tarjetas se tenía que acreditar la existencia de un padrón, pero este proyecto tiene elementos reforzados que acreditan un cambio de criterio”, con el único objetivo de garantizar la integridad electoral y la libertad del electorado.
“Me parece que efectivamente, es momento de cambiar el criterio porque ya no hay elección en este país en la que se entreguen tarjetas. Y cada vez son más sofisticadas la forma en que se entregan estas tarjetas y siempre implica la obtención de daros personales, que pueden usarse para dádivas o no, pero siempre para efectos electorales.
“No es necesario esforzarse mucho para darse cuenta que los actores públicos de México y del mundo buscan todos los días y por todos los medios, evadir la ley y nos corresponde, justamente, evitar que la ley se evada y en donde había interpretaciones liberales, quizá ahora tenga que pasar a un análisis más estricto. Sobre todo, ahora que hay una fiebre de violaciones constitucionales”.
mvls