El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su quinto informe de gobierno para recordar que antes de que termine su mandato presentará una reforma al Poder Judicial, el cual aseguró trabaja hasta bajo consigna de intereses delictivos.
Desde el Centro de Convenciones de Campeche, el mandatario arremetió contra jueces, magistrados y ministros al asegurar que operan para grupos políticos o economícos y no para el pueblo.
"Y no los designe la élite del poder económico y político de México, así como se elige e laos presidentes municipales hombres o mujeres, gobernadoras gobernadores, a los diputados locales, federales a los senadores, al presidente, así hay que elegir a jueces magistrados y ministros.
No es cosa menor, los impartidores de justicia deben servir al pueblo, sus causas y mandatos y no como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos", acusó´.
El presidente puso como ejemplo el caso de la controversia constitucional en contra de los libros de texto presentada por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, la cual, provocó que no se entregaran a los estudiantes en esas dos entidades.
Dijo que su gobierno aún está esperando la decisión definitiva respecto a esta controversia que aceptó el ministro Luis María Aguilar.
"Por ello y otras varias y fundadas razones voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al poder judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos", agregó.
Finalmente, aprovechó para agradecer a 30 de los 32 gobernadores por aceptar los libros de texto y ayudar a que sean distribuidos.
El tabasqueño resaltó que hasta ahora se han distribuido 83 millones 638 mil de preescolar y primaria y 41 millones 745 mil para secundaria.
"Se concluyeron los nuevos contenidos de libros de texto con fundamentos científicos y con dimesión humanista", expuso.
Como es sabido, dos gobiernos estatales recurrieron, porque tienen se derecho, a una controversia constitucional, abundó López Obrador, y un miembro de la Corte que tiene tiene esa facultad, lo concedió.