Entre gritos, estrés, solicitudes de respeto y con la observación de que no hay una Ley que dicte la procedencia, la Comisión Jurisdiccional aprobó, por mayoría de votos, una declaratoria de procedencia contra el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, lo que abriría la puerta a que pueda ser investigado, procesado o vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad.
Tras reanudar la sesión de la Comisión se avaló la medida solicitada por el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, tras una denuncia que presentó Mauro Guerra, presidente del Congreso, porque el funcionario presuntamente abusó de su poder, al no publicar 56 decretos aprobados por los diputados.
“Es procedente la solicitud presentada por el C. Javier Garza y Garza, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, por lo que se declara que si ha lugar a proceder en contra del servidor público C. Javier Luis Navarro Velasco, quien actualmente ostenta el cargo de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León.
“Se solicita a la Presidencia de este H. Congreso, continúe con el procedimiento establecido en el artículo 204 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León”, acordaron.
Los diputados dieron vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para efecto de quedar a disposición de esa autoridad para que actúen con arreglo a la Ley.
Navarro Velasco, estableció la Comisión en el dictamen, tendrá la conducta desplegada y pudiera actualizar la conducta delictiva denominada abuso de autoridad, la cual se establece en el artículo 209 fracción IV del Código penal para el Estado de Nuevo León.
“Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
“Durante el proceso penal el servidor público podrá seguir en su encargo, salvo que se le imponga alguna medida cautelar consistente en prisión preventiva.
“En caso de que se le dicte una sentencia condenatoria se deberá separar del encargo a el servidor público desde que cause ejecutoria la sentencia condenatoria y hasta que quede cumplida la condena o se declare ejecutoriamente la absolución”, estableció.
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Según el dictamen, la conducta del denunciado es de carácter omisiva, por la omisión de atender sus obligaciones contenidas en la ley vigente del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y de la Ley Orgánica de la Administración Publica para el Estado de Nuevo León.
“Omisión presuntamente arbitraria que constituye una vulneración a los derechos de seguridad jurídica, a la información y la legalidad con la que cuenta la sociedad neolonesa en general, en vista desde la perspectiva del ejercicio y resultado de la función legislativa que Constitucionalmente le corresponde al H. Congreso del Estado de Nuevo León, al presuntamente haberse privado a toda la sociedad y por los demás delitos que resulte, del derecho a conocer las leyes, decretos y acuerdos que son expedidos por el Legislativo.
“Como derecho fundamental a la información; así como de que todas estas normas, acuerdos o leyes sancionados y contenidos en los decretos y acuerdos sin publicar, estén dotados de la publicidad y vigencia que solo les otorga el haber sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado, en agravio de los derechos de legalidad y seguridad jurídica que son consecuencia inherente a la función legislativa, viéndose presuntamente mermado consecuentemente el interés social”, indicó la Comisión.
Durante el debate, Iraís Reyes, de MC, dijo que se abrogó el tránsito segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el pasado 23 abril 2021 y que por ende, no tendría efecto la declaratoria.
“Quiero señalar que me parece muy vergonzoso en las cosas que hacemos, esto no implica que cuando el funcionario deje el cargo, no se quiere decir que ya se acabó la denuncia”, dijo Reyes.
Reyes dijo que el Congreso viola el artículo 69 de la Ley Orgánica del Congreso que dice: las Comisiones Jurisdiccionales funcionarán en los términos previstos en la Constitución y las Leyes cuando así lo acuerde la Asamblea; conocerán específicamente de los hechos que las hayan motivado su integración.
También citó el artículo 72 del mismo ordenamiento: Son Comisiones Jurisdiccionales las que se integran en los términos de la Constitución y de las Leyes para el efecto de la Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Las Comisiones Jurisdiccionales se integrarán en proporción al número de Diputados de cada Grupo Legislativo.
“El Congreso la regó, sin embargo, abrogó por una omisión o error y no hay una ley reguladora de declaratoria de procedencia, para regular por lo que hace la responsabilidad penal de los servidores públicos, en los citados artículos dice que la declaratoria debe tener armas para poder proceder”, declaró.
Reyes citó el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se presente denuncia o querella por cualquier ciudadano o por requerimiento del Ministerio Público, mediante la presentación de elementos de prueba, cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal, y a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos mencionados en el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado, se actuará, en lo correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo anterior de esta Ley.
“La Comisión Jurisdiccional una vez practicadas, previa audiencia del acusado, todas las diligencias conducentes para establecer la probable existencia del delito, la presunta responsabilidad y la subsistencia o no del fuero constitucional, rendirá un dictamen en un plazo que no excederá de diez días hábiles.
“Al día siguiente de emitido el dictamen, se convocará para que dentro de los siguientes dos días hábiles se reúna la Asamblea Plenaria del Congreso del Estado, a fin de que ésta, con base en el dictamen y en las constancias del caso y una vez escuchados los argumentos del acusado o de su defensor, del denunciante o en su caso del Ministerio Público, proceda a declarar por mayoría absoluta de sus miembros, si ha o no lugar a proceder penalmente en contra del inculpado”, dice la Ley abrogada.
Alhinna Vargas, presidenta de la Comisión, dijo que ésta Ley fue abrogada porque decidieron quitar el fuero y posteriormente lo abrogaron al ya no contar con el fuero.
“Se regresó porque venían en el proyecto de Constitución y por eso esta vigente el fuero y me refiero, ya está vigente el fuero”, dijo Vargas.
Sandra Pámanes, Vicecoordinadora de MC, dijo que deben mostrar la Ley que regule la facultad de aceptar la procedencia.
“El Presidente del Congreso no puede ser juez y parte porque estamos ante un supuesto malo, se está intentando sostener esta aberración jurídica, Nuevo León no lo tiene, es una gran vergüenza”, acusó.
Vargas leyó un artículo de la Constitución pero interrumpida por Pámanes, lo que provocó gritos y solicitudes de respeto.
Héctor García, de MC, discrepó de la presidencia y acusó que el Congreso local está abusando de su poder.
“Es totalmente violatorio y los desquites políticos me parecen graves, no somos autoridad judicial y lo estamos haciendo en desquite y venganza política”, refutó.
Itzel Castillo, del PAN, dijo que el servidor público podrá quedar a disposición, en este caso concreto, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para iniciar con un investigación penal en su contra.
Apuntó que casualmente, el funcionario estatal publicó ya 35 de 56 decretos que tenían pendientes.
“Que bueno que el Secretario si empieza a hacer lo que menciona lo Ley, pero solo 35 de los 56 que están pendientes desde 1 de diciembre del 2021, se menciona aquí que el fondo y que no trabajamos, la realidad es otra”, indicó Castillo.
Por su parte, Luis Susarrey, del PAN, dijo que Navarro no cumplió con la publicación de decretos y dijo que no se esta quitando del cargo al funcionario.
Desde las 12:50 horas se determinó un receso en la sesión del Pleno para que la Comisión sesionara, y de inmediato la llevó a Pleno.
Fuentes legislativas revelaron que podrían quitarle el cargo a Navarro con la prisión preventiva, previamente establecida por un Juez que admita a trámite la imputación contra el funcionario estatal.
jvl