La vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, presentó una iniciativa para modificar la constitución local en materia de violencia contra las mujeres, a fin de que las personas que fueron condenadas o sancionadas por violencia política, de género, familiar, doméstica o sexual, no puedan ocupar cargos públicos de elección popular.
En rueda de prensa, Pámanes dijo que no podrán ser funcionarios aquellos o aquellas personas que estén como deudor alimentario o moroso en sus obligaciones alimentarias.
Estos requisitos, precisa la iniciativa, aplicará para cargos como diputados, alcaldes, gobernador, fiscales (general, electoral y anticorrupción), así como para magistrados.
En Nuevo León, explicó la vicecoordinadora, la violencia familiar y los feminicidios son los delitos que imperan en la localidad.
Sin embargo, se debe garantizar la impartición de justicia y sancionar conforme a derecho todo tipo de violencia contra las mujeres.
Actualmente, indicó la legisladora, existen lineamientos en la Ley Electoral para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género a través del criterio “3 de 3 contra la violencia”, pero hace falta que quede establecido en la constitución de Nuevo León.
“Estos son los requisitos para las candidaturas o para poder acceder a un cargo de elección, y estas ‘3 de 3’ son el proteger los derechos de las mujeres al no permitir que cualquier persona que haya infringido los supuestos de violencia política de género, de violencia familias, acoso, puedan acceder, e incluso, sean deudores alimentarios, que puedan formar parte de un cargo de elección.
“La idea es que el derecho de todos los ciudadanos para que podamos ser protegidos, sobre todo el derecho de las mujeres a no haber sido violentadas en ninguno de estos casos, se eleve a rango constitucional”, refirió.
jvl