A tres meses de que los alcaldes asumieron la administración, suman ya 15 municipios del estado de Guanajuato que se han acercado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local, manifestando intención de contratar deuda pública. Dos ya han formalizado la petición, se trata de San Diego de la Unión por 29 millones de pesos y Tarimoro por 30 millones de pesos.
“Vamos a tener un año de mucho trabajo, porque hemos tenido la información de qué otros 15 municipios aproximadamente estarían ingresando alguna solicitud al congreso para créditos que estarían pidiendo, vamos estar revisando caso por caso, vamos a estar analizándolo e iniciar el proceso como se tiene estos dos municipios” explicó Víctor Zanella, presidente de la comisión de Hacienda.
Es importante destacar que no basta con la intención de los municipios, la contratación de deuda pública requiere la aprobación del pleno del congreso. Para ello el primer paso es que exista un acuerdo del ayuntamiento donde se firme una solicitud por la mayoría de sus integrantes, esta es turnada al Congreso del Estado quien a su vez la remite a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.
Esta a su vez analiza de manera integral que el municipio cumpla con la Ley de Deuda Pública, la Ley de Disciplina Financiera, se hace un análisis técnico para revisar que no se comprometa el patrimonio municipal y que este tenga capacidad de pago. De aprobarse, el recurso debe invertirse ya sea en obra pública o en proyectos de impacto social.
“El dinero público es dinero sagrado y debe ser enfocado en inversión pública productiva, inversión que llegue a detonar la infraestructura social, infraestructura de seguridad y que ayude a mejorar las condiciones de vida, no puede ser recurso que se vaya a gasto corriente, a nóminas o gastos superfluos o innecesarios, estamos siendo muy cuidadosos de qué sea totalmente para inversión pública productiva "agregó.
La necesidad de los municipios de contratar deuda pública, entre otros factores, se debe a que las participaciones federales que les llegaban a través del fondo 1 del Ramo 33, destinados a convenios de desarrollo social, infraestructura, pavimentaciones, electrificaciones, drenajes, puentes y avenidas se han frenado ante la disminución del recurso.
Se suma el hecho de que el año 2021 cerro con 7.38 por ciento de inflación, la más alta de los últimos 21 años y que implicó un alza en precios, así mismo el ramo de la construcción cerró con un 15 por ciento de inflación en sus materiales, lo cual ha encarecido los proyectos de obra pública.
Cabe destacar, que 13 de los 46 municipios del estado arrancaron la administración con deuda heredadas del anterior gobierno.
Del total de esta deuda, 681 millones de pesos corresponden a 12 municipios que tienen como aval al gobierno del estado; Irapuato, Celaya, Salamanca, Comonfort, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Yuriria, Silao, Guanajuato Capital, Valle de Santiago. Solo el municipio de León contó con la solvencia económica para responder con su propio patrimonio por los mil 30 millones 914 mil pesos de deuda pública que acumula.
PCQG