En una sesión maratónica que se extendió por más de nueve horas, la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime en lo general una reforma trascendental al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen, que busca establecer límites estrictos a las percepciones de retiro de los exservidores públicos de alto rango, fue turnado de inmediato a los 32 congresos locales del país para su validación definitiva.
Para que esta modificación constitucional entre en vigor, se requiere el aval de al menos 17 legislaturas estatales.
¿De qué va la reforma para eliminar las 'pensiones doradas' de exfuncionarios?
La esencia de esta iniciativa, impulsada originalmente por el Ejecutivo Federal, radica en prohibir que cualquier exfuncionario de confianza perciba una jubilación superior a la mitad de la remuneración neta mensual establecida para la Presidenta de la República.
Bajo este esquema, el tope máximo para las pensiones de la alta burocracia quedaría fijado en 67 mil 145 pesos mensuales para el ejercicio fiscal 2026.
Es fundamental precisar que esta medida se aplica estrictamente al personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos.
De acuerdo con las precisiones realizadas por la mandataria Claudia Sheinbaum durante sus conferencias matutinas, la reforma bajo ninguna circunstancia afectará a los trabajadores de base ni a aquellos que gozan de contratos colectivos derivados de negociaciones históricas.
El único sector que ha quedado expresamente exento de estos ajustes y reducciones es el personal de las fuerzas armadas.
El sustento político de la bancada de Morena y sus aliados del PVEM y PT se basó en la denuncia de casos extremos donde exfuncionarios perciben hasta un millón de pesos mensuales.
Durante el debate, el legislador Favio Castellanos puntualizó que existen casos donde las pensiones financiadas con recursos públicos son hasta 140 veces superiores al promedio nacional de un jubilado.
Los datos detallados en el dictamen revelan el impacto económico de estos privilegios: la extinta Luz y Fuerza del Centro cuenta con un padrón de 14 mil 073 jubilados que representan un costo anual de 28 mil 074 millones de pesos.
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) destina anualmente 24 mil 844 millones de pesos para cubrir las pensiones de 22 mil 316 jubilados de confianza, quienes perciben, en promedio, 39 veces más que el ciudadano común.
Se calcula que, con la implementación de esta política de austeridad, el Gobierno Federal podrá recuperar aproximadamente cinco mil millones de pesos anuales.
Estos recursos serán destinados directamente a los Programas para el Bienestar, fortaleciendo el financiamiento de las pensiones para adultos mayores y la entrega de becas estudiantiles.
Pese a la aprobación unánime en lo general, la discusión en lo particular mostró fisuras significativas.
El bloque opositor, encabezado por el PAN, votó en contra de la redacción específica argumentando que la reforma violenta el principio de no retroactividad de la ley y atenta contra la seguridad jurídica.
La diputada Margarita Zavala, a nombre del PAN, presentó una moción para frenar el dictamen, señalando que, aunque rechazan las 'pensiones doradas', se debe respetar la certeza humana de quienes sirvieron al Estado con leyes vigentes.
Por su parte, el PRI, representado por Alejandro Domínguez, calificó la reforma como una "bomba ilegal" que abrirá la puerta a litigios masivos, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) optó por la abstención tras considerar que la medida no resuelve el problema de fondo del sistema de pensiones.
No obstante, los defensores del proyecto, como la diputada Margarita García del PT, insistieron en que es inaceptable mantener estos privilegios, arremetiendo incluso contra ministros en retiro por sus percepciones millonarias.
SCM