Renuncia Claudia Arlett Espino a la dirección jurídica de la SSPE en Chihuahua a dos meses de haber dejado el INE
La exfuncionaria dejó la dirección jurídica estatal tras señalamientos mediáticos vinculados a contrataciones en el órgano electoral federal.
Claudia Arlett Espino presentó su renuncia con carácter irrevocable al cargo de directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua, a menos de dos meses de haberse integrado a la dependencia estatal.
La carta de renuncia, con fecha del 2 de noviembre de 2026 e ingresada formalmente el 3 de noviembre, fue dada a conocer de manera oficial por el Gobierno del Estado este 4 de noviembre.
Espino asumió la titularidad jurídica de la SSPE tras dimitir el pasado 9 de septiembre a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, donde argumentó motivos de salud y la búsqueda de un equilibrio personal y profesional.
Señalan motivos de salida y deslinde de la administración estatal
En la misiva dirigida a las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública del Estado, la exfuncionaria indicó que su separación del cargo responde a intereses personales.
Por su parte, la SSPE precisó que la decisión se tomó para atender los señalamientos mediáticos difundidos en días recientes.
Al formalizar su dimisión, Espino renunció a cualquier otro puesto o derecho de carácter honorario en la administración pública estatal, manifestando haber recibido la totalidad de sus prestaciones correspondientes y sin reservarse acciones legales posteriores contra el Gobierno de Chihuahua.
Transcurre dimisión entre cuestionamientos por contrataciones en el INE
La separación del cargo ocurrió en medio de publicaciones de alcance nacional que relacionan a la exfuncionaria con presuntas irregularidades en contrataciones y redes de proveedores electorales durante la administración de Guadalupe Taddei en el INE.
Entre los señalamientos periodísticos se menciona a empresarios del ramo electoral como Alfredo Hernández Casillas, quien ha aparecido en grabaciones difundidas públicamente junto a exintegrantes del órgano electoral.
La existencia de contratos o reuniones no constituye por sí misma una responsabilidad administrativa o penal, la cual deberá ser determinada formalmente mediante las auditorías e investigaciones correspondientes de las autoridades competentes.
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hgc
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