Por mayoría, la Comisión de Legislación del Congreso de Nuevo León, aprobó la nueva Ley de la Defensoría Pública para el Estado de la Judicatura.
Esto, mientras que la Bancada de Movimiento Ciudadano consideró que la aprobación violaría una suspensión de una controversia en la Corte que no ha sido resuelta.
Sandra Pámanes, Vicecoordinadora de MC y vocera de la Bancada emecista, dijo que el 17 de abril de 2023, mediante el incidente de Suspensión emitido por la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN), se impidió que se ejecutaran actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos.
Manifestó que la SCJN detalló que se solicita que no se ejecute el Acuerdo General Número 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (Poder Judicial), por el que se determina la organización y funcionamiento del
Instituto de Defensoría Pública del Estado
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También se ordenó que no concluye del nombramiento del titular del director de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León.
“Se acordó que la orden de transferencia de recursos financieros y la orden de la posesión o servicios contratados para el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, dada a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Resulta procedente pues es necesario para preservar la materia de juicio.
“Nosotras consideramos que violaría la suspensión de la controversia mencionada, por lo que hasta que no se resuelva de fondo la controversia no se pueden ejercer los actos inherentes que contravengan dicha resolución de la Suprema Corte de Justicia”, indicó.
La nueva Ley, de 37 artículos y seis transitorios, destaca que será un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura con autonomía técnica, operativa y de gestión en el desempeño de sus funciones.
Félix Rocha, presidente de la Comisión, detalló que este Instituto deberá brindar servicios de defensa jurídica de los indiciados, imputados, procesados y sentenciados por delitos del orden común en los órganos del Poder Judicial del Estado y, en lo concerniente, en materia federal.
Incluidos a los adolescentes a quienes se atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales.
“El Instituto será dirigido por el titular de la Dirección General, quien será su representante legal. El cual será designado y removido por el Consejo de la Judicatura del Estado.
“La remuneración del director general será igual a la de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia”, apuntó Rocha.
Dijo que, en las ausencias temporales del director, éste deberá ser suplido por el Subdirección General y a falta del último, por la Dirección Administrativa.
En caso de ausencia definitiva, la suplencia persistirá hasta en tanto se designe al nuevo titular del Instituto, por parte del Consejo de la Judicatura del Estado.
Rocha añadió que el Consejo de la Judicatura, establecerá el servicio profesional de carrera para los defensores públicos y demás personal, el cual comprenderá la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.
El transitorio segundo indica que el Consejo de la Judicatura del Estado, presentará un Plan Estratégico de Transición, es decir, que el Gobierno del Estado deberá liquidar al Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, para que el patrimonio de este último pase a la administración del Consejo.
Y es que el Congreso del Estado contemplará en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal.
En febrero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló, en primera vuelta, que el Instituto de Defensoría Pública del Estado sea un órgano autónomo.
Mientras que, en abril, el Poder Judicial de Nuevo León tomó las instalaciones del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, órgano que dependía, antes de las reformas concretadas por el Congreso local, al Poder Ejecutivo.
El 17 de abril, el gobernador impugnó y fue a la Corte.
elmm