La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila aprobar un proyecto que ordenaría al Congreso de Nuevo León legislar con carácter urgente la reforma en materia de transparencia, la cual contempla la desaparición del Instituto Estatal de Transparencia.
El proyecto, elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías, propone declarar la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en la que ha incurrido el Poder Legislativo estatal, al no haber armonizado su marco jurídico conforme a las disposiciones federales dentro del plazo establecido, que venció en marzo de 2025.
De acuerdo con el documento, la Corte instruiría al Congreso local a realizar las adecuaciones necesarias en el siguiente periodo ordinario de sesiones posterior a la notificación de la sentencia.
“Se ordena al Congreso del Estado de Nuevo León que, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación, armonice su marco jurídico”, señala el proyecto.
Asimismo, se establece que la controversia constitucional es procedente y fundada, al considerar que el Congreso incumplió con su obligación de actualizar la legislación local conforme a la reforma federal en materia de transparencia.
¿Obligará la Corte al Congreso local a aprobar la reforma que redefine el sistema de transparencia?
De aprobarse en sus términos, esta resolución sentaría un precedente relevante, ya que podría abrir la puerta a que otras omisiones legislativas, como la relacionada con la reforma judicial, sean también impugnadas y eventualmente obliguen al Congreso a actuar.
En el ámbito local, el debate sobre la reforma de transparencia ha estado marcado por diversas propuestas. Por ejemplo, la asociación política “Regio Poder” presentó en diciembre pasado una iniciativa para crear un Consejo plural de transparencia.
Por su parte, a finales de 2025, legisladores del PRI y PAN impulsaron la desaparición del INFONL, con el objetivo de sustituirlo por una Agencia de Protección de Datos como órgano auxiliar del Congreso. Esta propuesta busca centralizar funciones, aunque ha sido rechazada por otras fuerzas políticas como Morena y Movimiento Ciudadano.
Mientras tanto, el INFONL ha llevado a cabo una reconfiguración interna de su Pleno para garantizar su operatividad durante 2026, en medio de la incertidumbre sobre su futuro institucional.
La eventual resolución de la Corte no solo presionaría al Congreso a legislar, sino que también podría redefinir el modelo de transparencia en Nuevo León, en un contexto de tensiones políticas y visiones encontradas sobre el papel de los organismos autónomos.
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