Con iniciativa de Gabriela Govea López, Diputada Local del PRI, el Congreso local aprobó reformas a la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado para que las personas sordas puedan sacar su licencia de manejo, siempre y cuando hayan aprobado los exámenes correspondientes.
Los expedientes legislativos con los números 15310 y 15350 de la Comisión de Movilidad del Congreso local fueron presentados ante el Pleno por el Diputado priísta Ricardo Canavati Hadjópulos.
“No se le podrá ser negada Ia licencia de conducir de automovilista a personas por causa de alguna discapacidad auditiva, siempre y cuando aprueben el examen de manejo, que deberá estar adecuado para la aprobación de contenidos teóricos y prácticos, de acuerdo con su discapacidad”, puntualiza el dictamen leído en tribuna por Canavati.
Gabriela Govea López, presidenta de la Comisión de Salud en el Poder Legislativo y promotora de la iniciativa, dijo que una persona sorda no tiene ningún impedimento para manejar ya que el 90 por ciento de la información que recibe mientras maneja un vehículo es visual.
“El presente dictamen, busca reforzar los derechos de movilidad a las personas con discapacidad, al establecer que no se le podrá ser negada la licencia de conducir de automovilista a personas por causa de alguna discapacidad auditiva”, indicó.
“Esta medida debe ser tomada para que tanto el examen teórico como de habilidades se adapte a las personas con discapacidad auditiva, y con ello poder ser aptos para poder adquirir el documento que lo avala como conductor en el Estado”, agregó.
El pleno aprobó modificar los artículos 3, 5, 12, 14, 15, 17 y 18, todos de la que Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir del Estado.
La diputada priista aseveró que es importando seguir adecuando el marco normativo para poder fomentar la igualdad de condiciones por medio de las acciones afirmativas en torno a los grupos con necesidades específicas y en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidades, y en este caso aquellas personas que tienen discapacidades auditivas.
Los Municipios, en su momento, deberán realizar las reformas correspondientes a sus reglamentos en la materia para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto.