Al señalar que en cuatro meses podría ser resuelta, el Congreso local promovió hoy una nueva controversia constitucional en la Suprema Corte en contra de lo que consideró una omisión del Estado por no publicar completo el decreto 340, que restarían facultades al gobernador Samuel García.
Tras acudir a la Oficialía decretó Partes del Máximo Tribunal, Itzel Castillo presidenta del Congreso, explicó que los ministros ‘abrieron la puerta’ para que se presentara este recurso, toda vez que ayer desecharon una queja del Legislativo en este mismo tema.
“Hoy acudí en mi calidad de presidenta del Congreso de Nuevo León a la Suprema Corte de Justicia para presentar la demanda de controversia Constitucional contra la publicación parcial del decreto 340 del pasado 19 de febrero de 2026.”
“Esta demanda atiende la resolución de esta Corte de ayer que expresamente que estableció que se dejaba a salvo los derechos del Congreso para impugnar la validez de la publicación del decreto 340”, explicó.
Con eso, añadió Castillo, se perfila que en dos semanas se notifique al gobernador Samuel García sobre este tema, aunque por el periodo vacacional de los poderes mencionados, podría ganar tiene el gobierno de Nuevo León.
Según Castillo, el Gobernador, Samuel García tendría 30 días para hacer su contestación respecto a este recurso promovido en la Corte.
Los ministros, detalló la presidenta del Congreso, tardarían cuatro meses en resolver este caso, por lo que a finales de julio o principios de agosto habría una decisión definitiva.
“El gobernador tendría 30 días para su contestación, conforme a los plazos que ha venido resolviendo la Corte, esperamos que en cuatro meses pueda resolver esta situación y presentarse ante el Pleno este asunto”, finalizó.
Congreso buscaba exhibir que el gobernador omitió contenido
El recurso desechado al Congreso buscaba exhibir que el gobernador fue omiso en publicar todo el contenido del Decreto 340, que contempla la reforma a 24 artículos, entre los cuales hay normas que le quitan atribuciones y abre la puerta a sanciones en su contra.
Durante la discusión del asunto en la Corte, Hugo Aguilar, ministro presidente, puntualizó que el gobernador solo publicó 2 de los artículos reformados por el Congreso, y que por ello no podía apoyar el proyecto.
“Mi voto será en contra, porque estimo que, al tratarse de una omisión de publicación de la reforma constitucional en el periódico del Estado, no se han cesado los efectos de la emisión, y porque solamente se han publicado dos de 24 artículos reformados.”
“Creo que, de admitirlo, si sentaríamos un mal precedente respecto de la cesación de efectos, en este caso con creo que las partes deben actuar con plena responsabilidad en los asuntos, y aquí advierto yo que es una actitud que alude la responsabilidad legal que tienen las partes”, declaró.
La reforma constitucional controvertida buscaba impedir que el gobernador participara en la elección del Fiscal, quitándole el derecho a veto, sus facultades de designar a Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y las disposiciones para proceder penalmente en contra el titular del ejecutivo estatal.
Los diputados podrían realizar el presupuesto, esto solo en caso de que el gobernador no lo remita en tiempo y forma, como ha sucedido en los últimos años.
Además, el Congreso podrá tener la última palabra para aprobar al Gabinete del Gobernador en turno, pues el Ejecutivo deberá enviar sus propuestas de secretario general de Gobierno, Contraloría, de la Tesorería, y de servidores públicos de segundo nivel.
Incluso se propone que, en caso de no publicar los decretos aprobados por el Congreso local, el responsable del Periódico Oficial sería cesado.
gaoh