El Congreso del Estado de Nuevo León anunció que ordenará al Periódico Oficial del Estado (POE) la publicación inmediata de la reforma que establece tarifas sociales en el transporte público, diputados del PRI, PAN y Morena advierten que defenderán estos descuentos incluso ante la Suprema Corte, mientras que Movimiento Ciudadano respalda la postura estatal, señalando una falta de análisis sobre el impacto presupuestal que puede llegar a tener.
La confrontación escaló luego de que el Estado enviara un escrito argumentando que los diputados modificaron el fondo de la reforma original, lo que a su juicio invalidaría el proceso de publicación, la disputa llegará a instancias judiciales, buscando que los descuentos en las tarifas de camión se apliquen sin más demora.
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Conflicto legal por el veto y la operatividad del servicio
La disputa técnica radica en que el Estado remitió un escrito de desacuerdo alegando que los diputados modificaron el fondo de la reforma original. Sin embargo, la diputada Armida Serrato (PRI) calificó esta acción como un desconocimiento de la Ley, argumentando que no se puede aplicar un veto sobre otro.
Por otro lado, Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad, dijo que el Estado debe hacer algo por las personas que usan el transporte público, enfatizando en que el siguiente paso es que la Presidenta Claudia Sheinbaum envíe una orden al Periódico Oficial del Estado para solicitar que se publique la reforma, en espera de que haya acción.
“Si el gobernador no cumple con su deber, que es publicarlo ya en el Periódico Oficial del Estado, lo que sigue en el proceso legal para poder avanzar, veremos de qué otra manera podemos presentar algún otro tipo de proyecto para poder ayudar a los usuarios”, señaló.
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El transporte como derecho social
Para el bloque mayoritario y Morena, la urgencia de la publicación responde a la precaria situación del servicio y el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables. Mario Soto, coordinador de Morena, sostuvo que el transporte debe ser visto como una necesidad del pueblo y no como un negocio.
“Seguimos insistiendo en que se hagan descuentos a estudiantes, a personas con discapacidad y adultos mayores, para que el tema de la inflación no les pegue”.
En contraste, Melisa Peña vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, defendió la postura del Estado, criticando que no se consultara a la Secretaría de Finanzas para evaluar la factibilidad económica de los descuentos.
“Hemos pedido que esté aquí la Secretaría de Finanzas para que nos apoyen a ver qué es mejor y qué es factible para que se pueda realizar”, concluyó.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo sostiene que el decreto fue alterado y debió devolverse para observaciones en lugar de enviarse directamente para su publicación, lo que anticipa una nueva batalla jurídica en los tribunales superiores.
hgc