El Congreso de Nuevo León aprobó llevar a cabo mesas de trabajo dentro de dos semanas para analizar la viabilidad de la alerta catastral implementada por el Instituto Registral y Catastral, programa que actualmente genera una recaudación de 100 millones de pesos.
Durante la sesión, el diputado priista Javier Caballero explicó que estos encuentros servirán para detectar áreas de oportunidad y definir mecanismos que garanticen que toda persona propietaria de un inmueble pueda supervisar y proteger su patrimonio.
“Cerca de 100 millones de pesos al año es lo que cobran y es el mecanismo de las alertas catastrales anuales, nosotros también tenemos una discrepancia de que no debiera de ser anual, sino que debiera de durar mientras tú eres el propietario.
“La otra área de oportunidad es una aleta catastral y que vendes inmediatamente, al vender, el comprador tiene que volver a pagar una alerta catastral, entonces como que si hay un mecanismo ahí de duplicidad de cobros”, explicó.
La correcta implementación de alertas catastrales, expresó, requiere una coordinación interinstitucional entre el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, las áreas de Catastro estatal y municipales, la Secretaría de Finanzas y Tesorería, y los notarios públicos.
“La problemática del despojo inmobiliario afecta de manera especial a adultos mayores, personas ausentes o que viven fuera del estado o del país, quienes por desconocimiento o imposibilidad de seguimiento presencial de sus bienes, se vuelven más vulnerables a fraudes o apropiaciones indebidas”, finalizó.
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bimc