Los juicios políticos contra los funcionarios no parecen ser efectivos o, se podría decir, inservibles por lo menos en Nuevo León. Es “puro show”.
Aunque la Constitución contempla esta figura como un mecanismo de control y rendición de cuentas para que el Congreso del Estado investigue y sancione a servidores públicos por actos u omisiones graves, en la práctica los procedimientos rara vez prosperan y, cuando lo hacen, difícilmente concluyen con la imposición de sanciones.
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Esto aplica por lo menos a los juicios políticos iniciados contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y su antecesor Jaime Rodríguez Calderón El Bronco; el ex alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos; el ex secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, o contra el actual alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza Villarreal.
Samuel García
El mandatario estatal acumula diversas solicitudes y expedientes de juicio político en el Congreso local, habiéndose reportado hasta 19 solicitudes presentadas en su contra desde el inicio de su administración, sin prosperar ninguno de ellos.
Pero el más reciente inició el pasado 12 de junio, cuando la Comisión Anticorrupción del Congreso emprendió un nuevo procedimiento en su contra derivado de la denuncia que presentó Morena por la presunta triangulación de recursos públicos a despachos de su familia.
El primer obstáculo fue el boicot perpetrado por los diputados de Morena, Mario Soto Esquer y Rodrigo Montemayor Romero, quienes faltaron a la sesión donde se votaría y concretaría el inicio del juicio, por lo que su partido suspendió a ambos de sus actividades partidistas.
Pero el viernes pasado, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa concedió un amparo al gobernador para frenar, de momento, la votación del juicio político.
Dos días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió otra suspensión a García que impide separarlo del cargo o inhabilitarlo por parte del Congreso.
Jaime Rodríguez
El 6 de marzo de 2024, el Congreso abrió también un proceso contra el ex gobernador Jaime Rodríguez y el ex interino Manuel González por desviar en horario laboral a 572 funcionarios para recolectar firmas para su fallida candidatura a la Presidencia en 2018, y los citó, en lo individual, a comparecer en aproximadamente un mes…
Pero nunca sucedió nada, “puro show”, como lo describió la entonces diputada local, ahora federal, Iraís Reyes.
“A Jaime Rodríguez no se le va a sancionar, es puro show. Se le pudo haber sancionado, pero no hay voluntad de sancionarlo, por favor, que siga en la impunidad, casi seis años tardaron”, pero la sanción nunca llegó.
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Miguel Treviño
El 28 de mayo de 2025, el magistrado José Mercedes Hernández Díaz procedió a dar vista al Congreso para iniciar un juicio político contra el ex alcalde de San Pedro, Miguel Treviño.
Tras incumplirse una sentencia judicial por parte del exedil, la defensa de los vecinos de la colonia Las Terrazas presionaron con un amparo para que el magistrado solicitara al Poder Legislativo emprender el juicio contra el hoy director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.
Cuatro meses después, el 29 de septiembre de 2025, los diputados emprendieron el juicio político contra Treviño por reinstalar a su entonces secretario de Desarrollo Urbano, Javier García de la Fuente, quien había sido destituido por desacato por el magistrado.
Aunque los diputados debieron tener una resolución en marzo pasado, hasta el momento no ha habido fallo, por lo que la defensa de los vecinos se amparó para que el Congreso reactivara el proceso.
Javier Navarro
Desde noviembre de 2022, el Congreso emprendió un juicio político para destituir a Javier Navarro, entonces secretario general de Gobierno y actual coordinador del Gabinete de Buen Gobierno en Nuevo León.
Un grupo de 25 alcaldes del estado presentó el litigio por no haber dado los recursos a los municipios del sur en tiempo y forma, así como a la titular del Periódico Oficial por no haber publicado las reformas del bloque opositor.
Días después, el funcionario buscó la protección de la justicia federal ante las presuntas irregularidades que detectó en el juicio político que le inició el Poder Legislativo.
Fue el 9 de diciembre cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concedió una suspensión provisional a favor de Navarro, sin paralizar el procedimiento, pero el Congreso local se abstuvo de emitir la resolución al proceso.
Gerardo de la Maza
El pasado 24 de junio, regidores de El Carmen presentaron una solicitud de juicio político en contra del alcalde de ese municipio, Gerardo de la Maza, por la agresión en contra de un mesero de un restaurante en San Pedro.
La solicitud fue suscrita por dos regidores más del Partido Verde, Isidro Garza y Pueblito Olvera.
El pasado 25 de mayo de 2026, la plataforma TELEDIARIO-Multimedios reveló que la Cámara de Diputados acumula mil 200 demandas de juicio político presentadas contra secretarios de Estado, ministros, gobernadores y legisladores durante las últimas cinco legislaturas.
Sin embargo, en la actual ya cumplió 22 meses en funciones, sin integrar la Subcomisión de Examen Previo encargada de determinar la procedencia de esos recursos.
bimc