Con una votación de 25 a favor y 11 en contra, el Pleno del Congreso local aprobó hoy la Ley de la Defensoría Pública del Estado, a pesar de la objeción de MC, que argumentó una presunta violación de una disposición de la Suprema Corte. Según esta nueva legislación, la Defensoría Pública estará subordinada al Consejo de la Judicatura local.
El texto de la nueva ley, que consta de 37 artículos y seis disposiciones transitorias, subraya que la Defensoría Pública operará como un órgano independiente dentro del Consejo de la Judicatura, con autonomía técnica, operativa y de gestión en el ejercicio de sus responsabilidades.
Félix Rocha, presidente de la comisión y quien subió el tema, detalló que este instituto deberá brindar servicios de defensa jurídica de los indiciados, imputados, procesados y sentenciados por delitos del orden común en los órganos del Poder Judicial del Estado y, en lo concerniente, en materia federal.
Incluidos a los adolescentes a quienes se atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales.
“El instituto será dirigido por el titular de la dirección general, quien será su representante legal. El cual será designado y removido por el Consejo de la Judicatura del Estado."
“La remuneración del director general será igual a la de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia”, apuntó Rocha.
Dijo que, en las ausencias temporales del director, éste deberá ser suplido por la subdirección general y a falta del último, por la dirección administrativa.
En caso de ausencia definitiva, la suplencia persistirá hasta en tanto se designe al nuevo titular del instituto, por parte del Consejo de la Judicatura del Estado.
Rocha añadió que el Consejo de la Judicatura, establecerá el servicio profesional de carrera para los defensores públicos y demás personal, el cual comprenderá la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.
El transitorio segundo indica que el Consejo de la Judicatura del Estado, presentará un plan estratégico de transición, es decir, que el Gobierno del Estado deberá liquidar al Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, para que el patrimonio de este último pase a la administración del Consejo.
Y es que el Congreso del Estado contemplará en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal.
Iraís Reyes, de MC, dijo que se realizó una reforma a la constitución en donde las funciones de la defensoría pública pasan de ser parte del poder ejecutivo a otro.
“Recordemos que la suprema corte de justicia de la nación concedió una suspensión provisional y a la letra señala en el expediente principal y pone varias limitaciones, no podemos legislar sobre este tema, me extraña el tema que promovió Arturo Salinas, como magistrado presidente”, manifestó.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC y vocera de la bancada emecista, dijo que el 17 de abril de 2023, mediante el incidente de suspensión emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se impidió que se ejecutaran actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos.
Manifestó que la SCJN detalló que se solicita que no se ejecute el Acuerdo General Número 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (Poder Judicial), por el que se determina la organización y funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública del Estado.
“No podemos hacer ninguna reforma, en un principio hicieron, bueno lo intentaron hacer mal, luego quieren hacer las publicaciones en la gaceta en el sitio de Congreso o en los periódicos de mayor circulación desde ahí empieza el litigio y desde ahí señala parte del gobierno del Estado."
“Dejen de torcer la ley, hay una falta de responsabilidad y de calidad, el llamado aquí es que dejen de pasar por encima de las instituciones, actúen de manera responsable”, señaló.
En febrero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló, en primera vuelta, que el Instituto de Defensoría Pública del Estado sea un órgano autónomo.
Mientras que en abril, el Poder Judicial de Nuevo León tomó las instalaciones del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, órgano que dependía, antes de las reformas concretadas por el Congreso local, al Poder Ejecutivo.
El 17 de abril, el gobernador impugnó y fue a la corte.
bimc