La declinación de Samuel García en la contienda presidencial, el desistimiento a su licencia y su regreso a la gubernatura de Nuevo León podrían no ser suficientes, pues de acuerdo con antecedentes del Poder Judicial Federal, “para evitar el caos de tener dos gobernadores”, tendría que ser el Congreso local el que deje sin efectos el permiso de ausentarse y al gobernador interino que nombró.
El enredo político que vive Nuevo León no llega a su fin con la decisión de Samuel García de volver a su cargo y renunciar a sus aspiraciones presidenciales, pues los trámites y resoluciones jurídicas y legales que siguen firmes, deben resolverse por las mismas vías.
Y con base en éstas, en este momento el gobernador legal es el interino Luis Enrique Orozco, que el Congreso de Nuevo León nombró y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este viernes por la noche, pues el principal objetivo de que lo regule el legislativo es evitar “tener dos titulares del Ejecutivo”.
MILENIO consultó con expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que detallaron que, en primer lugar, Samuel García está en libertad de decidir si ejerce o no su licencia, sin embargo, tiene que revocarla con el mismo trámite legislativo.
Además, tesis del Semanario Judicial de la Federación de 2016 y 2017, indican, en casos similares en los que se habían solicitado licencias de titulares de Ejecutivo locales que luego pidieron ya no ejercerla, que el Congreso local es la única vía para concretar este trámite.
La tesis explica que “el precepto constitucional establece que en ausencias mayores de treinta días naturales, el gobernador deberá obtener la licencia correspondiente del Congreso de ese Estado o, en los recesos de éste, de la Diputación Permanente, quienes designarán un gobernador interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha ausencia. Luego, esa facultad (…) también comprende atribuciones relacionadas con determinar si procede o no la cancelación de la licencia que concedió.
“En ese sentido, cuando el representante del Poder Ejecutivo local indicado cuenta con licencia para ausentarse temporalmente en el cargo y en amparo reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, en caso de que aquél solicite la cancelación de ese permiso, corresponde al Congreso Estatal determinar si procede o no esa petición”.
Incluso, explican que la razón para que sea el Congreso el que determine la revocación de una licencia, es para evitar un caos en la entidad y que se tengan dos gobernadores a la vez.
“Aceptar que con el solo escrito de cancelación de la licencia es suficiente para que se deje sin efectos la licencia como gobernador que se autorizó por el referido Congreso, llevaría a establecer que tampoco podría dejarse sin efectos el nombramiento de gobernador interino, ya que tampoco hay sustento normativo expreso,
“Lo cual generaría un caos pues, en ese escenario, se tendrían dos titulares del Ejecutivo sin poder revocar alguno, lo que haría nugatorio el sistema de concesión de licencias y de las acciones que se autorizan al Congreso realizar por las ausencias del titular del Ejecutivo Local”.
Por lo que la entrega que hizo Samuel García a Luis Enrique Orozco sobre su regreso tendrá que analizarse, pues es al Congreso local a quien se la tiene que presentar y no al gobernador interino. De tal manera que en las próximas horas, el Congreso tendría que sesionar para tomar una decisión.
Por la mañana, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Manuel Guerra Villarreal sostuvo que la licencia de García Sepúlveda sigue vigente y que la SCJN determinó que Luis Enrique Orozco asumiera el cargo.
“Si el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral”.
jvl