Violentadores o agresores sexuales no podrán tener acceso a la postulación de una candidatura u ocupar un cargo como servidor público en Puebla, así lo contempla la Ley 3 de 3 que fue aprobada por unanimidad por el Congreso Estatal.
De acuerdo con la Ley 3 de 3, las causales por las que un hombre o mujer que aspiran a un cargo público sean reconocidos como violentadores, y que con eso se suspendan los derechos como candidato o candidata son:
- Que tengan sentencia por la intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal.
- Contra la libertad y seguridad sexuales.
- El normal desarrollo psicosexual.
- Violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica.
- Por violación a la intimidad sexual.
- Por violencia política contra las mujeres en razón de género en cuáquera de sus modalidades.
- Ser declarada como persona deudora alimentaria o morosa.
Si algún político o política es responsable de alguno de estos supuestos, no podrá acceder a un cargo de elección popular o ser nombrado para empleo, cargo o función del servicio público.
Las reformas aprobadas por los legisladores poblanos se hicieron a los artículos 38 y 102 de la Política de Estados Mexicanos, por lo que entrará en vigor dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral 2023-2024.
Diputados en Puebla reaccionan a la Ley 3 de 3
En sesión ordinaria, la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva, dijo que se tendrá una "Puebla libre de violencia”, y pidió a todas las dependencias de gobierno a actuar en consecuencia para seguir avanzando a favor de los derechos de las mujeres.
En tanto, la diputada Yolanda Gámez precisó que este decreto entrara en vigor 90 días antes de que inicie el proceso electoral del próximo año, de ahí su relevancia.
Además de sancionar a los agresores, expuso la morenista que esta Ley 3 de 3 permitirá inhibir las conductas de violentadores que hoy se sientes “incontables e influentes”.
En tanto, la diputada de Tecamachalco, Ruth Zarate, recordó que ella fue víctima de violencia política en razón de género hasta por cuatro años, años en los que acudió al Congreso Local donde su queja fue minimizada cerrándole las puertas a su problema.
AGA