Contraloría de Nuevo León inhabilita por 6 meses a Jaime Rodríguez

La Contraloría también analiza el expediente de la Unidad Anticorrupción por falta administrativa (grave) por haber omitido declarar bienes propios de su esposa e hijos.

Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León. | Archivo
Nuevo León /

Debido a que omitió en su declaración que era accionista de una sociedad anónima, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado inhabilito por seis meses al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón.

La dependencia estatal estableció que el exmandatario, que estuvo en el Penal de Apodaca más de tres meses por otro caso, fue inhabilitado por no declarar ser accionista en la Comercializadora de Productos del Campos, S.A. de C.V. incumpliendo con el artículo 49 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas, en fecha 26 de febrero de 2024.

En contra de la resolución, se informó, se interpuso un juicio de nulidad que le fue desechado por no haber agotado el recurso de revocación el pasado 22 de marzo.

La contraloría también analiza el expediente de la Unidad Anticorrupción por falta administrativa (grave) por haber omitido declarar bienes propios de su esposa e hijos.

Dicho recurso está en trámite en la Unidad Sustanciadora y una vez que concluya ahí se irá a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.

De hecho, hace unas semanas luego de que fuera acusado por el delito de abuso de autoridad, en el caso requisa de la Ecovia, un juez federal lo amparó, sentencia que ordena dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso.

Desde febrero pasado, la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León iniciaría un juicio político contra el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y su entonces secretario General de Gobierno, Manuel González, por haber por haber utilizado en horario laboral a 572 servidores públicos para la recolección de firmas en el proceso electoral del 2018.

Sin embargo, los diputados se limitaron a pedir información a Rodríguez Calderón y a González para que envíen lo que a derecho convenga y el nombre del defensor que los representará en el juicio político que puede ser resuelto en semanas o meses.

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