Legisladoras que participaban en la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México se golpearon y jalonearon del pelo durante la discusión del polémico dictamen que decreta la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).
El conflicto escaló durante la sesión de este lunes 15 de diciembre luego de que la diputada panista Daniela Gisela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, acusara públicamente al grupo parlamentario de Morena de romper un acuerdo previo.
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Según Álvarez, se había pactado que el nuevo órgano de transparencia (que se integrará a la Contraloría) sería un ente colegiado y no estaría bajo el mando de una sola persona.
"No vamos a permitir que se violente el derecho a la transparencia", declaró Álvarez desde la tribuna.
"Habíamos quedado en que el instituto sería tripartita, para evitar que una sola persona decida a quién se le da acceso a la información. Hoy, veladamente, Morena quiere reventar ese acuerdo con su mayoría".
Minutos después de su intervención, bancadas del PAN tomaron la tribuna con pancartas que decían "Morena destructor de instituciones" y "No a la extinción del InfoCDMX". Legisladores de Morena respondieron intentando recuperar el espacio, lo que derivó en un forcejeo generalizado.
El momento más crítico se registró cuando la diputada morenista Yuriri Ayala golpeó en la cabeza y jaló del cabello a Daniela Álvarez. Inmediatamente, la panista Claudia Pérez reaccionó agrediendo a Ayala de la misma manera. La pelea se extendió con la intervención de otras legisladoras, entre ellas Rocío, en medio del pleno.
El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó mediar para calmar los ánimos, pero la confrontación física obligó a suspender la sesión de manera abrupta.
Después de varios minutos de jaloneo entre las diputadas, se logró mediar la situación aunque los ánimos continuaban encendidos.
El dictamen en discusión busca extinguir el InfoCDMX y transferir sus funciones a un nuevo organismo bajo la estructura de la Contraloría de la Ciudad de México, un movimiento que la oposición califica como un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
AGA