Una mala infraestructura, la inseguridad, el autogobierno, así como la falta de control de las autoridades en una cárcel son las únicas razones por las que una autoridad podría prohibir a las personas en prisión preventiva ejercer su voto para renovar la presidencia de México en 2024.
Si una de esas situaciones no está presente, las personas con prisión preventiva pueden tramitar un juicio electoral en contra de las autoridades que le estén prohibiendo su derecho al voto. Sin embargo, aquí te explicamos cómo funciona el derecho al voto de las personas privadas de su libertad.
¿Las personas en cárceles pueden votar?
Desde 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la razón a un grupo de personas indígenas, las cuales alegaron que en 2018 no pudieron votar tras ser detenidas por presuntas intenciones políticas. Esto derivó en el reconocimiento de que las personas sin sentencia siguen gozando de sus derechos electorales.
En otras palabras, las personas que todavía no cuentan con una sentencia y se encuentran en prisión preventiva, por ejemplo, sí pueden votar.
No obstante, esta situación puede cambiar si el Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con otras autoridades, podrán prohibirle el derecho al voto a todas las personas que se encuentren en una cárcel donde se acrediten riesgos por la inseguridad o problemas de infraestructura.
¿Los gobiernos pueden prohibirle el voto a los presos?
Esta postura ha generado opiniones encontradas, luego de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tratara de negar el derecho al voto de todas las personas presas en su estado, sin que se haya corroborado que en las prisiones haya alguna de las problemáticas antes mencionadas.
“Los meros jefes de plaza los tenemos en la cárcel, ¿quieren que ellos voten?, están juntos y no es cualquier cosa, es de alta seguridad, que se quiten la máscara ¿quieren que voten feminicidas?”, dijo el gobernador.
Al respecto, la sentencia del Tribunal Electoral explica que el INE no puede obligar al gobernador de algún estado a permitir el voto a las personas que se encuentran en prisión preventiva. No obstante, el gobierno debe entregar un oficio para explicar los motivos por los que se ha decidido restringir el derecho a votar.
El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Martín Faz, indicó que el gobernador tiene que explicar y dejar por escrito los motivos por lo que no quiere permitir que las personas sin una sentencia puedan votar para elegir a sus gobernantes.
“Dependiendo de lo que se nos diga, si se nos explica que es por condiciones de seguridad ya no hay más nada qué hacer, así ha ocurrido en otros lugares. Es decir, por otro lado, no hay forma de que nosotros entremos a ningún centro penitenciario a implementar un operativo de esta naturaleza, si no es con autorización de la autoridades penitenciarias locales”.
Otro estado con una situación parecida es Yucatán, gobernado por Mauricio Vila, quien a través de la firma de diferentes oficios detallaron la “imposibilidad material y técnica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para entregar la relación, fichas y datos biométricos”.
El consejero Martín Faz lamentó que “en Yucatán también seguimos sin firmar un convenio”, pero explicó que tras varias reuniones, ya hay una propuesta de convenio que esperan firmar esta misma semana.
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¿En qué estados no podrán votar las personas privadas de su libertad?
Aunque la población que entra a cárceles y todavía no tienen una sentencia cambia, pues todos los días entran y salen, de manera preliminar se sabe que en el Estado de México sería la entidad en la que más población carcelaria tendría derecho para votar, con cerca de 9 mil 500 personas.
Al Estado de México le sigue la Ciudad de México, con cerca de 6 mil 858 personas; después se encuentra Baja California, con 5 mil 806; y Veracruz, con casi 5 mil personas. Mientras, en las prisiones federales hay 6 mil 634 personas que podrían votar para elegir a sus gobernadores y próximo Presidente.
Por el momento, los únicos dos estados en los que no podrán votar todas y cada una de las personas privadas de su libertad, tengan prisión preventiva o no, son Veracruz y Yucatán.
A estos estados, se suman 13 cárceles completamente descartadas para que sus internos puedan votar en el próximo proceso electoral:
- Seis en Zacatecas
- Tres en la Ciudad de México
- Uno en el Estado de México
- Uno en Morelos
- Uno en Yucatán.
Adicionalmente, siete cárceles más en Zacatecas están por definirse sobre su posible participación en las próximas elecciones en México, debido a que se busca tener plena certeza de que está plenamente garantizada la integridad del personal electoral que ingresará a llevar a cabo la votación.
Hasta este momento, teniendo pendiente incorporar los 13 de Zacatecas, el INE considera 249 penales donde posiblemente sí se pueda realizar esta votación inédita para la Presidencia de la República, y para cargos locales sólo en Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo por ser las entidades en las que está legislada esta modalidad.
KT