El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)ha revocado el registro de 23 candidaturas indígenas debido a que los individuos en cuestión no pudieron demostrar su pertenencia a comunidades originarias o fueron desconocidos por estas. La mitad de estos casos, identificados como "falsos indígenas", están asociados con el partido Movimiento Ciudadano.
Además, el proyecto proponía negarle la candidatura a la saxofonista María Elena Ríos porque se acreditó que no vive en la comunidad mixteca de la que es originaria, sin embargo, la consejera Carla Humphrey propuso aprobar este registro porque tras la agresión de género que sufrió al ser atacada con ácido tuvo que huir de su comunidad de origen.
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“Considero que se trata de una circunstancia ordinaria pues fue víctima de violencia de género al ser atacada con ácido en 2019 y fue víctima de desplazamiento forzado porque para proteger su vida y su integridad tuvo que trasladarse a la Ciudad de México.
“Es un hecho notorio que esta forma de violencia es de las más graves. Se encuentra demostrado que tiene calidad indígena y el que no se encuentre en su comunidad obedece a la puesta en peligra de su vida y su integridad, así como la falta de atención adecuada por parte de las autoridades electorales. Exigirle vínculo en la ciudad en la que vive en contra de su voluntad es revictimizar”.
Sólo las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López estuvieron en contra de darle el registro a la saxofonista, a pesar de vivir fuera de su comunidad por cuestiones de violencia de género y por desplazamiento forzado.
Del bloque de más de 20 candidaturas canceladas, 12 son diputaciones de Movimiento Ciudadano y una senaduría; del Partido del Trabajo cinco diputaciones y una senaduría; dos diputaciones de Morena y una más de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.
Se incluyó una más, José Miguel Alegría Gómez del partido del Trabajo por propuesta de la consejera Dania Ravel porque tampoco se contaron con todos los requisitos, por lo que al final fueron 23 canceladas.
Las candidaturas dijeron ser de ciertas comunidades pero sus actas de nacimiento indicaban que no eran originarios; decían tener trabajo permanente con las comunidades que buscaban representar pero sus residencias están en otros municipios; aseguraban hablar lenguas maternas pero no pudieron demostrarlo y no pudieron presentar actas de reconocimiento de estas comunidades, por el contrario, expusieron oficios de autoridades municipales, de instancias a más de 200 kilómetros de la comunidad originaria y hasta de direcciones de policía sin facultades para asumir autoridad alguna en pueblos originarios.
En cuanto la acción afirmativa migrante, dos canceladas son del Partido del Trabajo y una de Morena, quienes no pudieron acreditar esta calidad; y de personas con discapacidad que no informaron cuáles eran sus padecimientos.
Mientras que, en paridad, sólo el Partido del Trabajo incumplió con presentar candidaturas en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, pues el 52.17 de sus espacios fueron para hombres y 47.83 para mujeres.
Además, Movimiento Ciudadano ignoró cambiar las tres candidaturas simultáneas que excedió por encima de la ley para el Senado, pues la ley permite seis candidaturas duplicadas por mayoría relativa y representación proporcional, pero este partido postuló a nueve.
Al no acatar el llamado del INE, el Consejo General decidió retirar la doble candidatura a María Fernanda Rivera Romo renunció al PRI apenas en noviembre fue diputada local en Sinaloa; a la diputada federal Julieta Mejía Ibáñez y a su suplente Alejandra Rodarte de Alba. En sus lugares se colocaron las últimas fórmulas integradas por mujeres y se recorrió el resto de la lista.
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