MONTERREY.- Tal vez como nunca en la historia, Nuevo León abrió su abanico de candidaturas a los grupos que tradicionalmente han sido discriminados.
La implementación de acciones afirmativas, que en teoría garantizan la representación de mujeres, personas con discapacidad, indígenas, comunidad LGBTTTIQ+ y jóvenes en los diferentes órdenes de gobierno, es todavía una tarea pendiente, consideró el maestro Carlos Osoria, catedrático en la U-ERRE y especialista en Derechos Humanos.
“Hay retos importantes desde la sensibilización, andamiaje y luego la implementación que los partidos, las instituciones públicas, realmente se comprometan con esto y que al momento de ser inclusiva e incluyente la democracia, también se legitima”, dijo.
De entrada, a decir del especialista, falta una ley que determine cómo se debe cumplir con los cambios.
"No hay una ley específica que diga cómo debe de ser, la CEE en uso de sus facultades crea estos lineamientos pero no hay una legislación específica ese es otro tema, tendría que haber una legislación específica creada desde el Congreso del Estado para que esto tenga un sustento más claro de cómo esto debe regularse”, dijo.
Lo cierto es que la inclusión de estos sectores vulnerables responde a una lucha que tiene décadas, y que en muchos casos, surgió de los movimientos sociales. En opinión de Emmanuel Talancón, catedrático de la U-ERRE, cada uno de estos tiene una agenda que busca incidir en las políticas públicas, y nacen de reclamos por inequidades, desigualdades y descontento social.
“Siempre detrás de todo movimiento y de todas las luchas yo considero que hay sectores que si van con una cuestión de desestabilizar, pero al final de cuentas hay una lucha legítima detrás de esto, ¿cuál es la lucha legítima y cómo se identifica? cuando es por cuestiones de injusticias sociales y con deudas historias”, dijo.
El gran riesgo de no hacerles caso, e incluso reprimir estos movimientos sociales, consiste en que sus posturas se pueden radicalizar, de ahí que advirtió la necesidad de que candidatos y gobiernos atiendan esas demandas.
“En conjunto generar una agenda política que pueda traducirse en políticas públicas que al final del día traigan esta solución a estas demandas colectivas y evitar que esto crezca y haya una explosión o un estallido social en un futuro”, dijo.
Si bien los especialistas reconocieron los avances, tanto para darles voz como representatividad en la política, dejaron en claro que aún resta mucho por avanzar.
Mientras la clase política ve un gran avance en los cambios implementados, para los catedráticos de la U ERRE, esto es apenas el marco mínimo para garantizar la igualdad deseada.
ard