Funcionarios de Jalisco deberán rendir cuentas ante el Congreso por represión policial en protesta del agua

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó la comparecencia pública de cinco altos funcionarios del Gobierno estatal, quienes deberán rendir cuentas sobre el operativo policial desplegado el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco. 

Durante dicha manifestación, en la que ciudadanos exigían el suministro de agua limpia, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases y chorros de agua para dispersar a los asistentes, lo que detonó severas denuncias por uso excesivo de la fuerza.

¿Qué funcionarios de Jalisco deberán presentarse a responder ante el Congreso? 

Entre las autoridades citadas para explicar el proceder de las fuerzas del orden se encuentran el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora; el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; y el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández González. 

La lista la completan el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, y el titular de Protección Civil y Bomberos del estado, Sergio Ramírez López. Todos ellos deberán presentarse en una sesión abierta ante los legisladores, la ciudadanía y los medios de comunicación.

¿Qué hay detrás de este choque político en el Congreso?

La aprobación de este acuerdo legislativo no estuvo exenta de tensiones, desarrollándose en el marco de una sesión caracterizada por fuertes enfrentamientos entre las distintas bancadas. 

El debate central giró en torno a la crisis hídrica que afecta a la región y al financiamiento del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. 

Por un lado, la representación de Morena atribuyó al Gobierno federal el anuncio de asignaciones presupuestales para las obras hídricas, acusando a la bancada de Movimiento Ciudadano de promover el endeudamiento estatal y la privatización del servicio.

En contraparte, desde Movimiento Ciudadano se defendieron las gestiones realizadas por la administración estatal ante la Federación, reprochando a la oposición el intento de lucrar políticamente con la contingencia. 

Aunque se discutió la eventual llegada de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos federales para infraestructura del agua, dichos fondos aún no han sido garantizados formalmente en el presupuesto. 

En este complejo escenario, el Poder Legislativo priorizó la rendición de cuentas sobre la actuación policial, mientras la población jalisciense sigue a la espera de soluciones definitivas ante el desabasto.

LG

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