Integrantes de la comunidad LGBT+ ganaron un amparo interpuesto contra el Congreso del Estado de Guanajuato por su omisión, al no incluir una partida presupuestal en favor de las personas de la comunidad de la diversidad sexual en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022 en las dependencias centralizadas y descentralizadas del poder ejecutivo del estado de Guanajuato
Con la sentencia dictada por el juez cuarto de distrito con sede en León, el pasado 31 de marzo, el congreso está obligado a modificar dicho presupuesto e incluir una partida que atienda los derechos de la comunidad.
Fue la asociación civil AMICUS, acompañada de activistas por los derechos humanos, quienes promovieron este juicio de amparo para garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGBT+ del Estado. Piden que el congreso del Estado tome las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad.
La sentencia afirma, que es un hecho notorio la existencia de discriminaciones legislativas a dicha comunidad, pues incluso ante este órgano jurisdiccional y ante otros que pertenecen a este circuito, décimo sexto, existen diversos juicios de amparo promovidos por miembros de dicho conglomerado, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de nombre y género en sede administrativa, entre otros asuntos.
En tribuna, la diputada de Movimiento Ciudadano Desiré Ángel manifestó su inconformidad, dado que esta resolución no fue dada a conocer ante ella como diputada ni ante los miembros de la junta de coordinación política y de gobierno que representan a las distintas fuerzas políticas que conforman el congreso del estado.
“No me enteré por notificación de este congreso, ni siquiera porque soy parte de la junta de coordinación política, lo que había ocurrido el pasado 9 de diciembre donde AMICUS dio a conocer que se presentó un amparo en contra de este congreso y que, concluido el plazo para rendir el informe correspondiente, se entregó en la instancia correspondiente sin que en la junta de gobierno y coordinación política hubiéramos tenido conocimiento de ello, comentó.
La diputada provecho la ocasión para presentar una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso, a fin de que se transparente la toma de decisiones tomada por la secretaria general del congreso, la dirección de asuntos jurídicos y de servicios y apoyo técnico parlamentario para que informen a la junta de coordinación política y de gobierno.
PCQG