En la pasada administración estatal que encabezó Jaime Rodríguez Calderón, hoy recluido en el Penal de Apodaca, hubo funcionarios "polémicos", al menos nueve de ellos actualmente investigados por supuestos actos de corrupción.
Con las recientes vinculaciones a proceso del ex mandatario que lo mantienen en prisión desde el 15 de marzo, surgieron otros nombres de servidores públicos que fungieron en áreas como movilidad, desarrollo sustentable, salud, educación, Agua y Drenaje, entre otros, en los que el gobernador Samuel García, advirtió, van a investigar.
Del ex secretario general de gobierno, Manuel González Flores, se sabe poco, salvo que el pasado 1 de abril el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado, le negó un amparo, ante cualquier orden de aprehensión en su contra.
En el área de Salud, fungió el doctor Manuel de la O. Cavazos, actualmente investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, y pese a su intención de ampararse para evadir los cuestionamientos, el recurso fue rechazado.
De lo anterior, hizo referencia el gobernador Samuel García en una entrevista.
La esposa del ex mandatario, Adalina Dávalos, también buscó el beneficio del amparo, y en relación a los ex funcionarios, dijo desconocer su situación.
En el caso EcovÍa, el ex gobernador fue vinculado por su probable participación en el delito de abuso de autoridad, al no indemnizar y utilizar los activos del empresario Abelardo Martínez García en la requisa de la Ecovia.
Previo a la vinculación, el ex mandatario alegó estar en una situación de indefensión absoluta.
Aunque en un inicio en la carpeta estaban Roberto Russildi, ex secretario de Desarrollo Sustentable; Jorge Longoria, ex director de Agencia Estatal del Transporte y Manuel González Fernández, ex director de Metrorrey, el fiscal que lleva el caso se reservó el derecho de continuar contra los demás y solicitarán una fecha posterior para llevarlos ante la justicia.
Mientras eso sucedía, Jorge Longoria, ex director de la Agencia Estatal del Transporte se apegó al criterio de oportunidad, es decir, colaborar con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de librar acciones penales en su contra.
En tanto, María Teresa Martínez, suegra del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, trabajó por varios años en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fue señalada en 2019 por haber sido beneficiaria de un incremento exponencial en su sueldo durante la administración estatal encabezada por su yerno, lo que la llevó a obtener una pensión de casi 30 mil pesos mensuales, además de supuestos desvíos de recursos en su campaña por la alcaldía de Santa Catarina; El juzgado quinto de distrito en materia penal le negó el amparo definitivo contra cualquier orden de aprehensión o de presentación a comparecer.
El pasado 8 de marzo se dio a conocer que la Subsecretaría de Administración Tributaria (SATNL) de Nuevo León, congeló de manera precautoria las cuentas bancarias de dos ex funcionarios estatales; María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación y Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable, tras detectar presunta simulación de operaciones y triangulación de recursos públicos.
En reiteradas ocasiones, el actual gobernador de Nuevo León ha insistido en que vendrán más carpetas de investigación en contra de funcionarios de la pasada administración.
mvls