Durante la fallida Operación Tornado, el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón criticó que los investigados consiguieran amparos "hasta en los Oxxo a 20 pesos", pero hoy en día, su esposa, suegra y principales ex funcionarios buscan la protección de la justicia federal.
A la ola de solicitudes que se dieron a conocer en días pasados, ahora se suman Enrique Torres Elizondo, ex secretario General de Gobierno y de Administración, y quien también fungió como titular de Agua y Drenaje de Monterrey, quien promovió un juicio contra las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE), sin embargo, le fue rechazado.
La misma suerte corrieron María de los Ángeles Errisuriz, ex secretaria de Educación, y María Teresa Martínez, suegra del ex mandatario y que ocupó diversos cargos en la administración, pues no consiguieron la protección de la justicia federal.
Ellos se suman a Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable y Adalina Dávalos, ex primera dama de Nuevo León, quienes si obtuvieron suspensiones provisionales para evadir cualquier acción que amerite su aprehensión y comparecencia ante juzgados federales.
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