Desde el 11 de abril, Jaime Rodríguez Calderón está formalmente vinculado a proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad al ordenar la requisa de la Ecovía en 2016, motivo por el que se le dio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que podría pasar hasta tres años en la cárcel mientras se investiga el caso.
En esta audiencia, celebrada por el juez Eduardo Hoyuela Orozco hubo de todo: alegatos, súplicas y traiciones.
La Fiscalía Anticorrupción aprovechó que el ex mandatario ya estaba internado en el Penal de Apodaca 2 luego de ser detenido el 15 de marzo en el municipio de General Terán por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para pedir al Poder Judicial abrir un proceso penal por el caso de la Ecovía.
Así se fijó una primera fecha de audiencia, el viernes 8 de abril... pero se difirió hasta el lunes por problemas de salud de Rodríguez Calderón.
En la carpeta de investigación iban incluidos los ex funcionarios Roberto Russildi, quien fuera secretario de Desarrollo Sustentable; Manuel González Fernández, titular de Metrorrey en la pasada administración y Jorge Longoria, que fuera director de la Agencia Estatal del Transporte aunque este último se acogió al criterio de oportunidad para declarar y librarse de la acusación.
Luego de quedarse solo contra la ley, Jaime Rodríguez pidió al juez más tiempo para enterarse de la acusación en su contra, al considerar una injusticia que no se le notificó de que lo estaban investigando.
Tras el anuncio de prisión preventiva por segunda vez contra el ex gobernador, sus abogados emitieron un pronunciamiento con 18 puntos sobre supuestas irregularidades que se cometieron durante la audiencia del lunes.
Entre otras cosas señalaron que la autoridad no le permitió al imputado conocer los registros de la investigación y que sus abogados no ingresaron al penal a verlo durante el fin de semana para poder preparar su defensa.
También establecieron que Jaime Rodríguez solicitó que la audiencia se llevara a cabo en forma pública, pero la petición no fue atendida.
Los abogados acusaron que la Fiscalía nunca informó sobre el delito a investigar y el juzgador hizo caso omiso de las constantes solicitudes de atención médica para el ex gobernador aunque se manifestó que no se encontraba en condiciones de salud aptas para llevar la audiencia.
La defensa de Jaime Heliodoro consistió en el señalamiento de que el único acto del ex mandatario consistió en la firma de la requisa, facultad exclusiva del entonces gobernador hacerlo. Por otra parte, el gobernador Samuel García afirmó que el gobierno estatal buscará aplicar la extinción de dominio a Rodríguez Calderón, a fin de que regrese lo que se robó.
Ante esto, el ex mandatario podría pasar hasta tres años en prisión mientras se desarrollan cada una de las etapas de investigación.
mvls