El Gobierno de Nuevo León aclaro que, tras el desechamiento por parte de la Corte de la controversia interpuesta por Samuel García Sepúlveda contra la suspensión concedida por el Tribunal de Justicia Administrativa, el procedimiento de juicio político contra el gobernador por no publicar decretos continúa detenido debido a un amparo.
A través de un boletín, la Dirección de Comunicación Social de la Administración Estatal hizo algunas precisiones sobre la información publicada en los medios.
Señaló que en torno a diversas notas que tratan el tema “Desecha la Corte a Gobierno del Estado Juicio Político", es importante aclarar que se trata de un desechamiento de la controversia interpuesta a la resolución del Poder Judicial de Nuevo León contra la suspensión concedida por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sin embargo, agrega, hay que destacar que se cuenta con la suspensión del juicio político por parte de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación 31/2023, donde se suspende el procedimiento de juicio político instaurado por el Congreso del Estado.
“No obstante, procede conceder la suspensión para que no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso respectivo por la que se separe del cargo al Gobernador del Estado o inhabilite para desempeñar tal función, hasta en tanto resuelva el fondo de la controversia constitucional.
"Con ello, es evidente que dicho procedimiento sigue paralizado, a la espera de la resolución definitiva en la controversia constitucional", señala el Gobierno.
Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó la controversia constitucional que promovió Samuel García, quien anunció que reasumiría funciones frente al gobierno de Nuevo León, con la que pretendía que se reconociera la suspensión que le otorgó el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual frenó, en su momento, el juicio político iniciado en su contra a inicios de este año.
La Corte publicó el acuerdo del ministro, donde se narra que el 12 de diciembre de 2022, se inició y turnó a la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, el expediente que contiene la denuncia de juicio político.
Además, el Gobierno del Estado también dio su posicionamiento sobre el desechamiento a una controversia constitucional contra la resolución del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que invalida el Reglamento del Fondo municipal de 2 mil 500 millones de pesos, que dijo, hay una suspensión de amparo que impide distribuir los recursos.
"Lo cierto es que, aunque se desechó dicho medio de control constitucional, existe diversas resoluciones firmes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa interpuestas por algunos municipios que ordenan no repartir dicho Fondo.
"Estos juicios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fueron interpuestos por los municipios de Abasolo y Santa Catarina, dentro de los expedientes 4522/23-06-02-3 y 4524/23-06-01-1, donde se concedió la suspensión para el efecto de no distribuirlo", señala.
Por lo que, agrega, mientras subsistan suspensiones del Tribunal prevalece la imposibilidad de distribuir dichos recursos.
jvl