En caso de aprobarse sin modificaciones la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde actualmente se encuentra en revisión, derivaría en diversos litigios que las empresas extranjeras que podrían comenzar a imponer mediante acuerdos los comerciales que tiene México, por lo que aproximadamente en 6 meses darían inicio si pasa la reforma.
En entrevista con TELEDIARIO, el socio del despacho internacional Hogan Lovells, Miguel Mateo comentó que la reforma energética de 2013 e implementada en 2014, tiene elementos buenos en cuanto a que la diferencia de los mercados mundiales eléctricos, el régimen mexicano tiene elementos e incentivos de mercado y no incentivos fiscales.
Explicó que en caso de que se imponga la reforma, se eliminarían los contratos y permisos que tienen actualmente las empresas, donde los inversionistas extranjeros acudirán a tribunales internacionales, donde van a demandar a México, al acreditar los daños, lo que se antoja como daños cuantioso, una reforma así sí es violatoria de diversos tratados.
“Si llega a pasar la reforma, generalmente a partir de qué ocurre un acto que estimas es violatorio del tratado internacional, se pide en los propios tratados que se presente una notificación de intensión; una vez hecha, se espera un tiempo como seis meses aproximadamente, para presentar la demanda de las empresas afectadas”, mencionó Miguel Mateo.
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En este sentido consideró que si se aprueba en abril o mayo la reforma eléctrica aprobada sin cambios, estaríamos viendo que en mayo las compañías presentan sus notificaciones de intensión de arbitraje, y seis meses después aproximadamente, estaríamos viendo el inicio de los procedimientos formales.
“Conllevaría a una condena de México a pagar indemnizaciones multimillonarias similares o mayores a las que España ha sido sujeta por igual cambios legislativos que afectan a inversionistas extranjeros en sus empresas. Un escenario A si pasa la reforma lo veríamos en el marco legal con esas consecuencias”, afirmó el socio de Hogan Lovells.
Agregó que además se vendrían otras consecuencias regulatorias contra México en caso de aprobarse la reforma, ya que el texto actual de la reforma tiene muchos vacíos, donde no establece un procedimiento transitorio, cómo es que los contratos serán negociados con las condiciones de la CFE.
Al preguntarle sobre cuánto podrían ser los montos que México puede pagar por la iniciativa, dijo:
“Es muy difícil llegar a un aproximado (de afectaciones) porque para hacerlo se debe evaluar las inversiones, y más ir por tratados comerciales, ya que la indemnización se fija con el precio comercial de la empresa afectada. Y eso varía en cada empresa, y con inversiones multimillonarias y una cantidad de empresas muy importante”, resaltó.
Finalmente, mencionó que la reforma como está al día de hoy viola algunas obligaciones internacionales que tiene México en diversos tratados, pero no solo se requiere que haya un incumplimiento, sino que también se requiere que haya un daño y se acredite, por lo que solo se podría estimar los pagos una vez que se pueda ejercer los cambios.
“En la reforma constitucional implica que todos los contratos con la IP y permisos de generación se cancelan para la nueva reorganización y que solo exista la CFE como único comprador y vendedor de energía. Si la reforma llega a pasar, no hay nada que pueda hacerse para impugnar, el único remedio para los inversionistas extranjeros es acudir a los tratados para proteger sus inversiones”, sentenció.
LPGC