Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a una empresa para exentarla del pago de impuestos verdes al considerar que se trata de una facultad federal, la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Lorena de la Garza, afirmó que el Gobierno de Nuevo León debe presentar una nueva iniciativa de reforma para eliminar el cobro de este gravamen.
En entrevista, la diputada del PRI recordó que cuando el Ejecutivo estatal planteó la creación del impuesto en 2022, el Congreso respaldó la propuesta al confiar en que su objetivo era regular y sancionar a las empresas contaminantes, y no utilizarlo como un mecanismo de recaudación.
“Nosotros consideramos que la sentencia se debe cumplir y no basta con crear esos mecanismos de recaudación; hay que hacer políticas bien diseñadas con transparencia y resultados. Ahora el gobernador va a tener que dar la cara e informar cuál será el impacto de esta resolución.
“Porque sí va a tener un impacto presupuestal y tendrá que a su vez proponer modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado, y pues el Presupuesto que ya deberíamos empezar el de 2027, sin contemplar el ingreso producto de este impuesto”, apuntó De la Garza.
La titular de la Comisión de Presupuesto lamentó que el impuesto sea utilizado sólo con fines recaudatorios y no para pensar en el aire limpio de la localidad.
Agregó que las pedreras han sido objeto de hostigamientos, además de que los materiales que ofertan se vieron afectados por las alzas que tuvieron que aplicar.
“Han sido hostigadas por el Gobierno del Estado con el pretexto del impuesto verde, inclusive han llegado al grado de cerrarlas y eso ha repercutido, por ejemplo, en la industria de la construcción, costos de los materiales, ferreterías... sabemos que hay quienes se han ido a Ramos Arizpe y Saltillo porque aumentaron los precios”, finalizó.
bimc