Proceso contra Manuel González cumple 3 años en la congeladora

A mediados de octubre de 2019, el entonces secretario general de gobierno compareció ante la Comisión Anticorrupción por el asunto de la recolección de firmas y hoy sigue como tema pendiente.

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Monterrey, Nuevo León /

El próximo sábado se cumplirán tres años de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local inició un proceso contra el secretario general de gobierno en la gestión de Jaime Rodríguez Calderón, Manuel González Flores, caso que hoy está en la congeladora de ese órgano legislativo.

El 15 de octubre de 2019, González Flores compareció ante el Congreso para responder a las acusaciones por la recolección de firmas para la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón en 2018.

De acuerdo con fuentes que participaron en el proceso contra González Flores, él y su entonces abogado Sergio Martínez Arrieta ofrecían protección a implicados en presuntos ilícitos a cambio de retribuciones económicas, y se presentaban como poseedores de una trayectoria “pura y honesta”.



Señalan que este caso de impunidad se suma al de Ernesto Canales, ex subprocurador Anticorrupción, que se dedicó a perseguir gente sin un solo resultado.

De acuerdo con el listado de pendientes de la Comisión Anticorrupción, que actualmente preside el panista Gilberto de Jesús Gómez Reyes y que fue publicado apenas el pasado viernes 7 de octubre, el caso contra Manuel González Flores se encuentra prácticamente en el olvido.

Se trata del expediente 11841/LXXIV, en el cual hay diversas actuaciones a las cuales ya no se les dio seguimiento.

Destaca, por ejemplo, que el 21 y 22 de octubre de 2019 el otrora gobernador interino realizó varias acciones que en su totalidad fueron turnadas con carácter de urgente.

En la primera, el ex funcionario “presenta incidente de nulidad de emplazamiento y actuaciones de la notificación de la resolución de fecha 02 de octubre del 2019, pronunciada dentro de los autos del expediente 11841/LXXIV”.

También, “ocurre a promover en la vía declinatoria incidente de incompetencia por razón de la materia”, es decir, argumenta que el Congreso carece de atribuciones para mantener un proceso en su contra.

Todos los temas dentro de dicho expediente están reconocidos por la Comisión Anticorrupción como “pendientes”.


El caso, hace tres años


El 15 de octubre de 2019, González Flores acudió al Legislativo estatal para responder por las acusaciones en su contra respecto del desvío de recursos públicos al obligar a funcionarios estatales para recolectar firmas en días y horas hábiles, a favor de la entonces campaña presidencial de Rodríguez Calderón de 2018.

En su comparecencia, el hoy ex secretario de gobierno acudió acompañado del abogado Sergio Martínez Arrieta, quien lo defendió en ese momento. En aquel entonces, González Flores descalificó al Legislativo señalando que no estaba facultado para sancionarlo.

En su audiencia, Flores González acusó a los diputados de enfocarse en sancionarlo y descuidar su trabajo legislativo en medio del proceso que abanderaban las bancas minoritarias.

“Este procedimiento que ustedes crearon sin fundamento legal y que en este preciso momento no es más que una simulación, un episodio en el que todo está pactado; vamos a presentar un recurso en los juzgados de distrito nos están regalando las jugadas con el futbol americano”, indicó.

Actualmente, Manuel González Flores se encuentra acusado junto con el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en el caso de las firmas recabadas para la candidatura presidencial del 2018, y sigue intentando librarse de la sanción de la justicia mediante la solicitud de amparos.

Esta protección que le fue negada el pasado 4 de abril del presente año por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el estado, que le negó un amparo a González contra cualquier orden de aprehensión.

Archivos periodísticos indican que el recurso lo presentó el 23 de marzo, del cual se concedió en un inicio la suspensión provisional dos días después; sin embargo, el 1 de abril tras la audiencia incidental se rechazó de manera definitiva.

“Se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes”, se lee en el expediente 252/2022.



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