Luego de que la Fiscalía General del Estado solicitara al Congreso local el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, Movimiento Ciudadano (MC) acusó la existencia de una persecución política en contra de sus militantes en la entidad.
El Congreso de Veracruz confirmó que recibió dos peticiones de declaración de procedencia contra los ediles Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, por parte de la Fiscalía estatal.
En un comunicado, la dirigencia estatal de MC aseguró que, tanto durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez como en la actual, encabezada por Rocío Nahle García, se ha generado un clima de represión e inseguridad. El partido sostuvo que, en lugar de combatir al crimen organizado, las autoridades han dirigido sus acciones contra actores políticos y sociales.
“No se combatió ni se combate al crimen organizado, pero sí se persiguió y se persigue a opositores, periodistas, académicos y funcionarios. Encarcelar por motivos políticos a quien piensa diferente no debió ni debe permitirse nunca”, señaló la agrupación.
Asimismo, MC exhortó a la Fiscalía a no ser utilizada como “brazo político” de Morena y del Gobierno de Veracruz, y demandó que sus esfuerzos se concentren en la atención de delitos graves que azotan a la entidad, como las desapariciones forzadas y los homicidios.
“Exigimos el cese inmediato de cualquier acto de persecución política contra integrantes de nuestro movimiento o contra cualquier ciudadano que sea presionado por pensar distinto, señalar abusos o defender una causa legítima”, concluyó el partido.
Cabe recordar que el alcalde de Ixhuatlán del Sureste está presuntamente vinculado con el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, mientras que el edil de Úrsulo Galván es señalado por su posible relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, ocurrida el pasado 14 de mayo.