El grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscará dar de uno a seis años de cárcel a quienes realicen sabotajes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.
Además, se buscará implementar un castigo de 36 horas de trabajo comunitario para aquellos que atenten, con dolo, contra la red de transporte de la Ciudad de México, así lo informó el diputado de Morena, Nazario Norberto.
En entrevista para MILENIO, Norberto explicó que, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso capitalino, se presentará la iniciativa, la cual pretende castigar penalmente a las personas que alteren, interrumpan u obstaculicen el equipamiento urbano del transporte colectivo.
Norberto detalló que, en caso de ser servidora pública, la pena sería desde un año, ocho meses hasta seis años, ocho meses.
Enfatizó que las personas que sean penalizadas serán sólo las que realicen los actos con dolo, esto con el fin de erradicar el presunto sabotaje que se ha llevado a cabo en los últimos días en el STC Metro, por lo que el gobierno capitalino aseguró que han ocurrido incidentes.
Las personas serán ubicadas a través de las cámaras de seguridad del STC, donde ya se encuentra la Guardia Nacional (GN) para actuar al respecto.
El diputado de Morena explicó que se presentará una serie de iniciativas con proyecto de decreto, con disposiciones de tipo penal y cultura cívica, esto con el fin de sancionar el sabotaje.
El proyecto de decreto se promueve con base en el Artículo 331 del Código Penal, a efecto de que cualquier persona que altere, interrumpa, obstaculice, dificulte o destruya dolosamente el equipamiento sea sancionado con uno a cuatro años de cárcel.
La pena para que las personas realicen el trabajo para la comunidad se implementará en el Artículo 32 de la Ley de Cultura cívica.
Una vez que presente las iniciativas a inicios de febrero, se mandarán a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde se dictaminará y, en un lapso de 15 días a 30 días, se subirá al pleno para su aprobación, y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
RG