El partido Morena en Jalisco enfrenta un momento crítico, luego de que una disputa legal escalara este 14 de mayo a una orden de embargo de sus bienes y prerrogativas.
La medida, ejecutada por autoridades laborales de Jalisco, surge como respuesta al incumplimiento sistemático de un laudo definitivo que obliga al instituto político a pagar salarios caídos y prestaciones a un grupo de extrabajadores despedidos injustificadamente.
¿A qué se debe la orden de embargo contra Morena Jalisco?
El conflicto tiene su origen en la gestión de Hugo Rodríguez Díaz, específicamente durante los meses más álgidos de la pandemia de COVID-19. Según los expedientes del caso, la dirigencia estatal suspendió de manera unilateral el pago de nóminas, bajo el argumento de la crisis sanitaria.
No obstante, los afectados denuncian que esta medida fue una estrategia de limpieza política y no una necesidad financiera.
Los demandantes sostienen que existieron "pagos selectivos" diseñados para castigar a quienes no se alineaban con la cúpula estatal. Mientras el personal operativo dejó de percibir sus ingresos, la nómina presuntamente mantuvo a personajes privilegiados.
Según señalan los quejosos, el cese de pagos se aplicó a personal que "no se alineaba a determinados intereses", dejando en evidencia una gestión discrecional de los recursos públicos destinados al partido.
¿Qué se dice sobre el presunto uso de 'aviadores' en Morena Jalisco?
La acusación más grave apunta a la existencia de 'aviadores' protegidos. Los extrabajadores afirman que, mientras ellos eran despojados de su sustento, personas vinculadas al grupo político de Carlos Lomelí continuaron cobrando sin presentarse a laborar.
Incluso, aseguran que algunos de estos beneficiarios radicaban fuera de Jalisco o incluso en el extranjero al momento de recibir los pagos.
Ante la resolución firme, Morena Jalisco optó por una estrategia de resistencia legal. De acuerdo con los abogados de la parte actora, el partido promovió diversos recursos que solo tuvieron "fines dilatorios" para postergar el cumplimiento de sus obligaciones.
Al agotarse las instancias y persistir la negativa de pago voluntario, la autoridad procedió a la ejecución forzosa. Hasta la publicación de este artículo, la actual dirigencia del partido en la entidad ha guardado silencio respecto al aseguramiento de sus cuentas y mobiliario.
LG