Tras darse a conocer que el gobierno del estado ablandó el impuesto verde que pagan las pedreras dándoles “facilidades administrativas” a ciertas empresas para exentar o reducir los montos que deben cubrir, los coordinadores de bancada en el Congreso local calificaron la medida como una ocurrencia; sin embargo, anticiparon que podrían hacer modificaciones a la ley.
Entrevistados por separado, Carlos de la Fuente, líder del PAN y presidente de la Cocri, dijo que el estado debe salir a dar una respuesta pública, porque se está beneficiando con un plumazo a unos cuantos empresarios.
De lo contrario, apuntó, ellos tomarán acciones en el Congreso para llamar a los funcionarios que estuvieron involucrados en este hecho.
“Parecería que pudiera darle una ventaja competitiva a empresas que sí van a poder tener facilidades administrativas. Yo quisiera que saliera el Ejecutivo a explicar, porque no se ve nada claro, y que diga quiénes serán los beneficiados, porque debe haber muy pocos, por lo que escuché.
“El objetivo era que no fuera un impuesto recaudatorio, sino que invirtiera en mejorar sus procesos de producción, principalmente de las pedreras y de la extracción de tierra es de donde se generan una gran cantidad de partículas pm 2.5 y las pm10. Ahora vemos que la facilidad administrativa, yo diría que tiene nombre y apellido, eso es lo que me preocuparía y no es equitativa para todos y ya no es igualatoria”, cuestionó De la Fuente.
Waldo Fernández, legislador de Morena, manifestó que el asunto se presta a muchas confusiones, porque menciona que va haber facilidades administrativas para las empresas de autoconsumo o que sean parte de cadenas productivas, lo que significa que los impuestos verdes no van a operar.
“Nos dijeron que lo impuestos verdes eran para un asunto ecológico y ahora con las facilidades están confundiendo. Creo que este asunto es más una ocurrencia del gobernador que cuando la quizá implementar o se enfrentó a una realidad técnica de no poderlos cobrar o de carácter político es una ocurrencia, es probable que no pueda cobrar”, enfatizó Fernández.
Por su parte, Heriberto Treviño, coordinador del PRI, dijo que en el Congreso aprobaron esta figura como parte del paquete fiscal, apoyando al Ejecutivo en las políticas públicas de protección al medio ambiente que implican, entre otras cosas, reducir las emisiones contaminantes de las fuentes fijas.
“Damos el voto de confianza para se apliquen adecuadamente, que surtan el efecto esperado de reducir las emisiones contaminantes y que las fuentes fijas se comprometan a mejorar sus procesos productivos sin dañar el medio ambiente”, apuntó Treviño.
Anylú Hernández, líder del PT, explicó que ningún alza a impuestos es la solución a los problemas, mucho menos si no son bien aplicados, pero con lo prometido cuando el gobierno envió sus propuestas al Congreso.
“El estado anunció impuestos verdes, con anticipación lo dijimos: se está pagando un permiso para contaminar, y ahora éste es flexible, con el solo dicho de las empresas podrán ser exentadas de pagar, mientras seguiremos los y las ciudadanas respirando el mismo aire sucio, por que la solución que planteó el gobierno del estado ya está sujeta a no cumplirse”, criticó.
Raúl Lozano, líder del Partido Verde, condicionó su apoyo para que el llamado impuesto verde no se traslade al consumidor como ya lo estaban haciendo las empresas de la construcción.
“Le pediría al estado que sea muy vigilante para que las empresas no sigan contaminando y quien no lo demuestre que se le aplique todo el rigor de la ley”, refirió Lozano. Eduardo Gaona, líder de Movimiento Ciudadano, defendió al Ejecutivo, al asegurar que no se ablandó el impuesto.
“Sigue presente el motor principal del impuesto: que las empresas prefieran invertir en tecnologías verdes en lugar de pagar el impuesto. Se hacen más verdes, se libran del impuesto, así de sencillo. El objetivo sigue firme, se invierte en tecnologías para dejar de contaminar o se tiene que pagar, que es justo la intención”.
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