Las diferencias políticas y señalamientos económicos han provocado que durante una década permanezca desperdiciado el título de concesión entregado por la Comisión Nacional del Agua para que Nuevo León aproveche el recurso del río Pánuco.
En 2010, el Estado recibió de Conagua la asignación de 15 mil litros por segundo de las aguas provenientes de la cuenca del Pánuco.
En diciembre del 2011, la Conagua entregó a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey la autorización federal por un periodo de 30 años por 473 millones de metros cúbicos anuales del aprovechamiento de las aguas del río Pánuco... pero debates políticos y cuestionamientos de supuestos falta de transparencia provocaron que, en abril 2017, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón tumbara el proyecto.
El tema del agua se reactivó en 2013 cuando, la Conagua y el Estado suscribieron el convenio para construir Monterrey VI.
Otras diferencias surgieron en estos tiempos:
4 septiembre 2013
Autorizan 2 mil 966 mdp para financiar el proyecto.
13 marzo 2014
AyD de Monterrey concursa la ejecución del proyecto; se inscriben dos consorcios.
8 septiembre 2014
Gana consorcio integrado por COCIPA , Conoisa (filial de Grupo Higa); Desarrollos Rogar, Recsa Concesiones y Pyecsa.
26 septiembre 2014
El consorcio suscribe contrato por 14 mil 161 millones 976 mil pesos y una contraprestación mensual por 125 mdp
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua 2015 y después como coordinador ejecutivo de la Gubernatura, Fernando Elizondo Barragán, se pronunció en contra de Monterrey VI y expuso las principales irregularidades detectadas en el contrato de la obra, las cuales dijo levantan sospechas de actos de corrupción.
Ese mismo año, el empresario Eugenio Clariond Reyes-Retana, ex presidente del entonces Fondo Metropolitano del Agua (FAM), también se negó a la realización del proyecto.
El debate continuó y el 7 de julio de 2015 se anunció, que, de cancelarse el proyecto, AyD de Monterrey pagaría un máximo de 14 mdp.
7 julio 2015
De cancelarse el proyecto, AyD de Monterrey pagaría un máximo de 14 mdp.
Un mes después, el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó que no se realizaría el proyecto Monterrey VI, pero que plantearía otro de menor costo.
29 agosto 2015
Jaime Rodríguez Calderón informa que no se realizará, pero que planteará otro de menor costo
"Monterrey VI es un proyecto polémico, que generó antipatías. Nosotros decidimos ya terminar con esa etapa y plantearle a la Federación un proyecto global, integral que permita que le demos solución a esto".
El 9 de marzo del 2016, Activistas como Luz María Ortiz Quintos, y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, Alfonso Miranda Guardiola, y otras ONG´s presentaron ante la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado un oficio en el que exigieron la cancelación de Monterrey VI.
9 marzo 2016
ONG´s, activistas de NL y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey exigen la cancelación
Y meses después, el Partido Acción Nacional exigió a Fernando Elizondo, entonces, coordinador ejecutivo de la Administración Pública de Nuevo León, que cancelara el proyecto.
18 septiembre 2016
PAN exige a Fernando Elizondo cancelar el proyecto.
Para abril de 2017, finalmente el Estado anunció la cancelación definitiva por presunta corrupción en asignación de contrato.
Abril 2017
Estado anuncia la cancelación definitiva por presunta corrupción en asignación de contrato
"Yo decidí no hacer más polémico este tema y trabajar para una reserva de 10 años en lugar de que si hubiéramos traigo agua del Pánuco, pudiéramos tener una reserva de 30 años, quizá en 10 años las aguas se calmen".
Junio 2017
Grupo Higa inicia un proceso judicial por la cancelación.
Al día de hoy, la administración que encabeza Samuel García Sepúlveda plantea reactivar el proyecto, para satisfacer la necesidad de agua existente actualmente en la zona metropolitana y en el resto del Estado, luego de hacer el anuncio público en Reynosa ante el embajador de EU en México, Ken Salazar y gobernadores del norte del país.
Aunado a ello, es necesario considerar que el Estado debería contar con la suficiencia presupuestal para la obra, como lo indicó el mandatario, situación que no está contemplada en la Ley de Egresos, mientras que la concesión otorgada por Conagua tiene una vigencia hasta el 2041.
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