La etapa violenta que atraviesa el estado actualmente, les recuerda a las víctimas de la delincuencia -directas o indirectas- lo que vivieron y cómo se quedaron solos sin apoyo ni ayuda.
Un testimonio de esto, es el de la señora Ofelia Vázquez Gómez, esposa de un ministerial identificado como José Luis Reyna Ortiz, desaparecido el 22 de mayo de 2010. Después de localizar un vehículo con reporte de robo, fue golpeado y amenazado, días después lo capturaron y desaparecieron.
A pesar de servir en una corporación estatal, ni siquiera tuvo acceso a asesoría legal para interponer la denuncia ni a que la carpeta de investigación se integrara de manera correcta.
“El comandante le comentó a mi hijo que lo habían matado con una pala y enterrado, pero fui a la Agencia y me dijeron que no se pasó nada de eso. El comandante dijo que no recordaba el lugar donde le habían dicho que habían dejado a mi esposo, fue un lugar de Cadereyta.
“El papel de víctima si se tramitó, pero yo nunca fui orientada de que había ciertos tipos de ayuda o apoyo. Mi hijo estaba estudiando enfermería, se quedó en segundo semestre y le pagué el estudio y sí se recibió. De lo mismo que yo trabajaba”, dijo.
Cabe recordar que para atender este tipo de casos se creó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que en los primeros años atendió con diferentes medidas a pocas personas si se compara con las víctimas que fueron surgiendo de los años anteriores.
De acuerdo con información oficial proporcionada por el mismo organismo, en 2015 fueron 30 los beneficiarios y el número sólo ascendió a 38 un año después. Para 2017 aumentó a 91 y en 2018 116, a partir de ahí comienza un reflejo de incremento de víctimas; en 2019 fueron 157 personas que recibieron algún tipo de apoyo a través de este fondo y a para 2020 el número fue de 134. En 2021 sumaron 136 y con corte al mes de octubre de 2022 la cifra fue de 168. En total fueron 870 personas que accedieron al fondo con mil 111 medidas.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas reveló que tan sólo en 2022, el delito de homicidio generó la mayoría de las víctimas, el 57 por ciento. Seguido de feminicidio con un 13 por ciento y lesiones 10 por ciento. Disminuyeron los casos de desaparición, al acumular el 9 por ciento de las personas que solicitaron apoyo, pero se refleja que la violencia familiar continúa generando víctimas con un 5 por ciento. También se contabilizan la responsabilidad médica, técnica y de administración, así como delitos sexuales que acumulan 1 por ciento cada uno.
De acuerdo con la ley, las víctimas tendrían derecho a la asistencia, atención psicosocial, asesoría legal, gestiones para salud, alojamiento y procuración de justicia, algo que muchas personas aseguran no se les dio.
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