La disputa entre el Gobierno de Nuevo León y las empresas dedicadas a la extracción de materiales pétreos por el denominado impuesto verde se remonta a 2022, cuando entró en vigor este gravamen y comenzó una serie de amparos promovidos por integrantes del sector para impugnar su aplicación.
El conflicto cobró nuevo impulso esta semana, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera un amparo a una empresa del ramo del yeso al considerar inconstitucional el cobro del impuesto en ese caso específico.
Los impuestos ecológicos comenzaron a aplicarse en Nuevo León el 1 de enero de 2022 e incluyeron contribuciones por la extracción de materiales pétreos, emisiones contaminantes a la atmósfera, contaminación del agua y afectaciones al suelo y subsuelo.
Apenas dos meses después de su entrada en vigor, diversas empresas iniciaron acciones legales para combatir el nuevo esquema fiscal.
Amparos ante impuestos ecológicos admitidos en Nuevo León
En total, nueve pedreras, una institución hospitalaria y Petróleos Mexicanos promovieron 11 juicios de amparo por separado al considerar que los impuestos vulneraban derechos previstos en la Constitución.
De esos recursos, ocho fueron admitidos durante marzo de 2022 por los juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.
Aunque esos primeros procedimientos no prosperaron, la controversia continuó en los tribunales hasta llegar a la Suprema Corte.
El fallo emitido esta semana corresponde al juicio de amparo 592/2025, promovido por una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos derivados del yeso, cuya identidad no fue revelada durante el proceso.
Al resolver el asunto, la Suprema Corte concluyó que las actividades relacionadas con la explotación de recursos del subsuelo y la minería son materia de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que determinó conceder el amparo a la empresa promovente.
Pese a esta resolución, el Gobierno de Nuevo León ha sostenido que el impuesto verde continúa vigente para el resto de las empresas y que el fallo únicamente beneficia a la compañía que obtuvo la protección de la justicia federal.
De acuerdo con cifras de la Tesorería General del Estado, entre 2022 y 2024 la administración estatal ha recaudado 4 mil 772 millones de pesos por concepto de impuestos ecológicos, recursos que forman parte de la estrategia financiera y ambiental implementada por el Gobierno estatal.
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