El Poder Ejecutivo de Nuevo León tiene pendiente de publicar 24 reformas avaladas por los diputados, la mayoría de ellas relacionadas con quitar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) al gobernador Samuel García y crear la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, dependiente de la Fiscalía General de Justicia.
De acuerdo con un listado de la Oficialía Mayor del Congreso local, y al que tuvo acceso la plataforma MILENIO-Multimedios, se lee que tampoco se han publicado reformas que tienen que ver con que un diputado esté en el Consejo de Administración de Metrorrey.
En las aperturas y clausuras del quinto, sexto y séptimo periodo extraordinario que hicieron los diputados entre mayo y julio de este año también se analizaron el financiamiento y deuda al municipio de García; así como una reforma a la Ley para Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León.
Presuntamente, el secretario general de gobierno, Javier Navarro, frenó la publicación de 56 reformas que el Congreso local aprobó, motivo por el cual las dirigencias estatales del PAN y PRI presentaron un juicio político en su contra el pasado 15 de noviembre, para removerlo del cargo.
Hernán Salinas, líder del PAN estatal, dijo que la omisión no les permite a los ciudadanos tener las leyes que necesita.
“Venimos presentar una solicitud de juicio político contra el secretario general de gobierno, Javier Navarro, por hechos que evidentemente violentan el estado de derecho, la legalidad, la propia Constitución de Nuevo León, que es la no publicación de los decretos que este Congreso ha emitido en los últimos meses”, dijo en esa ocasión.
Días después, Movimiento Ciudadano dijo que no había sustento jurídico para destituirlo y se creó una Comisión Jurisdiccional que de inmediato inició un juicio político contra Navarro, que solicitó la nulidad del proceso, la cual fue aceptada ayer parcialmente.
El Congreso local aprobó ayer que la Dirección Jurídica analice y presente una controversia constitucional o de inconstitucionalidad.
En sesión ordinaria, Elsa Escobedo, del PRI, dijo que la controversia sería contra los actos y omisiones del Poder Ejecutivo, particularmente de la Secretaría General de Gobierno; la responsable del Periódico Oficial del Estado, Verónica Dávila Moya, y toda autoridad que sea cómplice por la no publicación de los decretos avalados por el Congreso local.
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