El Gobierno de Nuevo León rechazó que el impuesto verde aplicado a la extracción, explotación y aprovechamiento de materiales pétreos sea inconstitucional y aseguró que continuará vigente, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgó un amparo a la empresa USG México.
Fernando Villarreal, titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SATNL), explicó que la resolución emitida por el máximo tribunal únicamente beneficia a la empresa que promovió el recurso legal, por lo que el resto de las compañías obligadas a cubrir el gravamen deberán seguir cumpliendo con esta contribución.
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El funcionario sostuvo que la propia Corte reconoció que las entidades federativas tienen facultades para establecer impuestos ecológicos sobre materiales pétreos que no estén sujetos a concesión federal.
En ese sentido, afirmó que el impuesto verde permanece vigente en Nuevo León y que el Gobierno estatal reforzará las acciones de fiscalización para garantizar su aplicación entre las empresas que realizan este tipo de actividades.
Villarreal indicó que las autoridades estatales esperan recibir el documento completo de la sentencia para conocer el alcance específico del amparo concedido a USG México, aunque consideró que el impacto financiero para el estado será mínimo al tratarse de una resolución que únicamente beneficia a esa empresa.
Añadió que la actividad principal de la compañía favorecida por el fallo corresponde a la extracción de yeso y reiteró que el resto de las empresas dedicadas a la extracción de materiales pétreos continúan obligadas a cumplir con el pago del impuesto.
Reforma a la Ley de Hacienda en Nuevo León
Se descartó que el Gobierno estatal contemple, por ahora, promover una reforma a la Ley de Hacienda para modificar el gravamen, al considerar que el marco legal vigente mantiene su validez para los demás contribuyentes.
El funcionario insistió en que el Estado continuará aplicando el impuesto ecológico a quienes no cuenten con concesiones federales sobre minerales reservados a la Federación.
El miércoles, la Suprema Corte resolvió, por mayoría de seis votos, conceder el amparo a USG México e invalidar para esa empresa los artículos 118 al 123 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, al considerar que el gravamen recaía sobre actividades relacionadas con la explotación de recursos del subsuelo y la minería, materia cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión.
Pese a ello, el Gobierno estatal sostuvo que la sentencia no elimina el impuesto verde en la entidad y reiteró que continuará con su aplicación mientras la legislación permanezca vigente.
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