En medio de la tensión política entre Poderes y sin haber realizado las reuniones previas entre los diputados y el tesorero para hacer cabildeos, el gobierno del estado envió ayer al Congreso, a medias, el Paquete Fiscal 2023 con la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda y la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular, las cuales tienen por objetivo cobrar más en Uber, emisión de constancia educativas, alcoholes, casinos y un permiso especial para los autos con placas foraneas.
De acuerdo con los documentos, firmados el 4 de noviembre por el gobernador Samuel García, y que llegaron ayer a la 13:12 horas al Congreso local, de los cuales la plataforma MILENIO-Multimedios tiene copia, se informó que el tesorero, Carlos Garza Ibarra, no envió la Ley de Egresos, con el fin de que, según fuentes, los diputados avalen lo que ya se envió y una vez asegurado, el gobernador se apersone con la citada ley para el 2023.
La iniciativa de Ley de Ingresos del Estado indica que el impuesto que pagan las empresas de redes de transporte como Uber, Didi, Cabify, pasará del 1.5 a 3.0 por ciento, lo cual a su vez prevén se refleje en el impuesto a las tarifas efectivamente cobradas por las empresas de redes de transporte para recibir, 213 millones 604 mil pesos, el equivalente a 164.5 por ciento más comparado con el presupuesto del 2022.
También se proponen diversos derechos por servicios prestados por la Secretaría de Educación, únicamente con la finalidad de recuperar el costo que representa para el estado la prestación de este servicio.
“En específico se contempla para los niveles Medio Superior y Superior validar el certificado de estudios, toda vez que este servicio requiere un esfuerzo interinstitucional para su realización ya que permite la detección de documentos apócrifos, asimismo en diversos estados de la República Mexicana ya cuentan con dicho trámite y servicio de validación”, se lee en la exposición de motivos.
Considerando que Nuevo León ocupa el primer lugar en gasto absoluto y per cápita en bebidas alcohólicas, mientras que en promedio la entidad recauda menos de 40 por ciento del resto de las principales entidades en este rubro, en materia de derechos por licencias y/o refrendos de alcoholes, se propone un ajuste a las cuotas orientado a fortalecer su administración y control, que se traduzca en una mayor eficiencia en la prestación del servicio.
Además, buscan promover la actualización del padrón vehicular, por lo que propusieron que los propietarios o conductores de coches con placas expedidas por otro estado, que transiten en forma temporal en la zona metropolitana de Monterrey deberán obtener un permiso de estancia, que tendrá un costo, de conformidad con las normas que expidan las autoridades públicas estatales.
También, con la finalidad de recuperar los costos directos e indirectos que representa para el estado la prestación de servicios, así como fortalecer su administración y control, propusieron la actualización de cuotas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; prestados por la Secretaría de Educación; licencias y/o refrendos de alcoholes; de medio ambiente; relacionados con la Seguridad Pública; y catastrales.
En cuanto al gravamen en materia de casinos se plantea en el artículo 11 se incremente la tasa actual del impuesto de 10 por ciento, a 15 por ciento, a fin de fortalecer la recaudación del estado.
En cuanto a impuestos ecológicos se prevé un incremento de 383 por ciento, al pasar de percepciones por 316 millones de pesos a mil 526 millones 289 mil pesos para el ejercicio fiscal del 2023.
Sobre el impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos tienen un incremento de 245.6 por ciento; por el impuesto por la emisión de contaminantes en el agua se prevé un incremento de cinco mil 621 por ciento, este 2022 perfilaban recibir por la emisión de contaminantes en el subsuelo y/o suelo 10 millones, pero para el próximo año solo 51 mil 369 pesos y por contaminar en la atmósfera son 60 mil 963 pesos.
Es importante destacar que los accesorios de impuestos, que son los ingresos captados por el gobierno que se generan por el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, se considera dentro de este concepto a recargos, multas, gastos de ejecución, sanciones e indemnizaciones por cheque devuelto, se prevén recibir 85 millones 203 mil 662 pesos para el 2023.
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