El magistrado Arturo Salinas Garza, quien preside el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, entregó al Congreso local el Presupuesto 2025, el cual contempla un aumento del 32% en el gasto.
La presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, junto con los coordinadores de las bancadas del PRI y PAN, Heriberto Treviño Cantú y Carlos de la Fuente Flores, recibieron la propuesta. Salinas destacó que el presupuesto para 2025, que asciende a 3,600 millones de pesos, incluye proyectos que no se pudieron realizar en 2024 por falta de financiamiento.
“En el 2024 no hubo presupuesto ya que no fue presentado por el Ejecutivo y por lo tanto venimos operando con un presupuesto del 2023 y esto implicó muchísimos retos en la parte de administración de la justicia y de la administración del Poder Judicial porque prácticamente tuvimos que operar con el presupuesto del 2023 sin tomar en cuenta la inflación que fue de un 4.5 por ciento en el 2024”.
En el documento se precisa que en el Poder Judicial de Nuevo León el recurso destinado a servicios personales representa el 86.98% del presupuesto total asignado a la institución.
Se especificó que al basarse el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024 en el de 2023, debido a la falta de aprobación del mismo, se vio seriamente comprometida la capacidad de garantizar una justicia pronta y expedita.
Se detalla que el Poder Judicial enfrenta actualmente un déficit de 339 vacantes, equivalente al 12% de sus plazas totales, situación que no ha podido ser atendida por falta de recursos.
Solo en lo que va de 2024, se generaron 80 vacantes, mientras que el volumen de asuntos aumentó en un 10%, lo que ha provocado un déficit de desempeño estimado en 22%.
Esta situación impacta directamente la capacidad operativa, afectando la eficiencia en la administración de justicia y limitando los servicios brindados a la ciudadanía.
“Venimos de unos meses, casi ya un año, de estar batallando en el pago de la nómina de los servidores públicos lo que nos ha generado que las vacantes que se han venido dando en el Poder Judicial pues no sean cubiertas.
“El número de asuntos se han incrementado más allá del 15 por ciento, entonces si vemos lo que ha aumentado el número de asuntos y vemos el número de vacantes que tenemos, pues evidentemente estamos operando con un déficit de personal para poder estar brindando siempre la justicia pronta y expedita que los ciudadanos merecen”, indicó.
El presupuesto incluye las actualizaciones con motivo de la inflación del 2024 de un 4.5 por ciento, la actualización de la inflación estimada del 2025 que es de un 3 por ciento y lo relativo a los proyectos especiales pendientes de atender.
La propuesta de presupuesto se compone de ejes y proyectos en cuatro temas:
- Eficiencia en la administración de justicia.
- Descentralización del Centro Estatal de Convivencia Familiar.
- Modernización tecnológica y seguridad de la información.
- Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En eficiencia en la administración de justicia se contemplan nuevos palacios de justicia en García y San Pedro Garza García
La descentralización del Centro Estatal de Convivencia Familiar considera una mayor cobertura geográfica con centros de convivencia en San Pedro, Monterrey Sur, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, propiciando acceso a un mayor número de familias, en ubicaciones más cercanas y funcionales para sus necesidades.
Considerando dos inflaciones acumuladas, un 4.5 por ciento del 2024 y un 3 por ciento de inflación estimada anual para 2025, el presupuesto total planteado asciende a 3 mil 600 millones 491 mil 423 pesos, de los cuales 3 mil 212 millones 769 mil 476 pesos corresponden al gasto corriente y 387 millones 721 mil 948 pesos a programas y proyectos.