En medio del debate nacional sobre la reforma electoral, organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales y representantes del sector académico presentaron en Nuevo León una iniciativa de reforma constitucional en materia de Elección Judicial, con el objetivo de que jueces y magistrados sean electos mediante voto ciudadano en el año 2027.
Durante una rueda de prensa en el Congreso local, los promoventes señalaron que la intención es empatar este proceso con las elecciones ordinarias en las que se renovarán la gubernatura, alcaldías y diputaciones, descartando así que la elección judicial se realice en 2028.
Uno de los ejes principales de la propuesta es la implementación de “candados” para evitar que las personas aspirantes cuenten con antecedentes partidistas, con el fin de garantizar la independencia del Poder Judicial.
Lilia Zaire Flores explicó que la iniciativa contempla una evaluación previa obligatoria para quienes busquen contender por un cargo judicial, en la cual participarían tanto organizaciones de la sociedad civil como instituciones académicas.
“Queremos hacer la evaluación de las personas aspirantes antes de que puedan ser candidatas… para garantizar la transparencia y confiabilidad”, señaló.
Asimismo, la propuesta incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, con una separación clara entre las funciones de investigación y sanción, con el objetivo de evitar concentraciones de poder y posibles abusos.
Por su parte, Mauricio De la Garza Garza destacó que el proceso representaría un cambio histórico en el estado, pero también implica retos importantes.
“Elegir es importante, pero elegir bien es indispensable. El reto está en asegurar que quienes aparezcan en la boleta estén preparados para impartir justicia”, advirtió.
¿Cómo buscan garantizar perfiles idóneos e independencia en la elección judicial?
Desde el ámbito académico, José Roble Flores subrayó que la función judicial requiere preparación sólida y experiencia, ya que las decisiones de los jueces impactan directamente en la vida de las personas.
En tanto, Roberto Cantú consideró que la iniciativa aportaría certeza jurídica y fortalecería la confianza para la inversión, al promover decisiones más profesionales y reducir la influencia política.
La propuesta también plantea reglas claras para el proceso electoral judicial, como la prohibición de financiamiento público y privado en campañas, así como restricciones a la intervención de partidos políticos.
Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa se encuentran COPARMEX Nuevo León, CAINTRA Nuevo León, CANACO Monterrey, así como diversas universidades y asociaciones civiles.
Finalmente, los impulsores hicieron un llamado a los legisladores locales para analizar la propuesta y avanzar en una reforma que, aseguran, fortalecerá la independencia judicial y la confianza ciudadana en las instituciones.
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