Piden blindar acceso a la información en reforma de transparencia de Nuevo León

Ante el proceso de armonización de las leyes de Transparencia y de Protección de Datos Personales de Nuevo León con la legislación federal, representantes ciudadanos, empresariales, autoridades y legisladores coincidieron en que la nueva normativa debe garantizar el derecho de la población a conocer información pública y exigir cuentas a las autoridades.

Durante una mesa de análisis en el programa Cambios, bajo la conducción de Víctor Martínez Lucio, Luis Ávila, director de Cómo Vamos, Nuevo León, destacó que uno de los principales retos será evitar que la información generada por las instituciones públicas sea considerada como propiedad del Gobierno.

Derecho al acceso a la información en Nuevo León

Señaló que el acceso a la información debe entenderse como un derecho de la sociedad y una herramienta indispensable para conocer cómo funcionan las instituciones y cómo se ejercen los recursos públicos.

“Es fundamental garantizar el derecho de información a la comunidad, realmente la gente tiene que saber que muchas de las cosas que sabemos o que podemos saber del Gobierno dependen de tener un buen acceso a la información como un derecho”, expresó.

Ávila enfatizó que la información pública pertenece a la ciudadanía y que la legislación estatal debe mantener mecanismos suficientes para que cualquier persona pueda solicitarla.

“La información es un derecho público, aunque la tiene y la genera el Gobierno, no le pertenece, nos pertenece a nosotros, a los medios, a cualquier ciudadana o ciudadano por individual que parezca su deseo de acceder a la información; la ley y lo que construyamos en Nuevo León debe garantizarlo”, sostuvo.

Por su parte, Brenda Lizeth González Lara, consejera presidenta de InfoNL, consideró que el proceso de reforma debe realizarse con responsabilidad y sin dejar desprotegidos los derechos de los ciudadanos.

Explicó que, aunque Nuevo León deberá armonizar su legislación con la reforma a la Ley General, esto no debe representar una reducción en las posibilidades de la población para acceder a información de las autoridades.

“Es bien importante que se aborde con una profunda responsabilidad el tema de la reforma, que indiscutiblemente se tiene que armonizar bajo el esquema de la reforma a la Ley General”, señaló.

La presidenta de InfoNL agregó que el derecho de acceso a la información está estrechamente relacionado con la obligación de las autoridades de transparentar el ejercicio de los recursos públicos.

“Las personas no pueden dejar de tener acceso a la información que es tan necesaria, y que las autoridades rindan cuenta de cómo se está ejerciendo el recurso público”, puntualizó.

Desde el sector empresarial, Cecilia Carrillo, directora general de Coparmex Nuevo León, consideró que el proceso representa una oportunidad para que el estado fortalezca sus mecanismos de transparencia y se coloque nuevamente como referente nacional.

“Estamos ante la oportunidad de mostrar cómo se puede mejorar algo, que la Federación hizo el cambio, nos guste o no, ya está hecho y tenemos que cumplirlo, pero es la base. Nosotros podemos construir como estado algo más rico, algo mejor”, afirmó.

En tanto, la diputada Claudia Caballero, presidenta de la Comisión de Legislación del Congreso local, informó que actualmente existen cuatro proyectos relacionados con la reforma, presentados por el PRI, PAN, Morena y ciudadanos.

Detalló que en las mesas de trabajo han participado organismos empresariales, organizaciones ciudadanas, autoridades encargadas de transparencia y representantes del Gobierno estatal, incluida la Contraloría.

“Juntamos todas estas opiniones, estamos aún trabajando en un proyecto, porque aquí no se trata nada más de armonizar una ley, aquí se trata de hacer una buena Ley de Transparencia”, indicó.

Caballero explicó que el Congreso deberá armonizar la Constitución local, la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales con el marco federal.

El plazo para concretar estas modificaciones vence el 20 de diciembre, fecha establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que Nuevo León cumpla con la armonización correspondiente.

Con ello, los participantes coincidieron en que el reto no consiste únicamente en cumplir con una obligación jurídica, sino en construir un marco que preserve el acceso ciudadano a la información y fortalezca la rendición de cuentas en el estado.

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